El Gobierno tramitará en otoño un decreto para establecer requisitos más estrictos a los centros privados de Formación Profesional, conocido como 'antichiringuitos'.
La normativa exigirá a los centros privados de FP mejores instalaciones, plantilla docente adecuada, un mínimo de titulaciones y horas presenciales obligatorias.
La medida busca garantizar la calidad educativa y adaptar la oferta privada al modelo dual, además de dotar a las autonomías de herramientas para evitar la sobreoferta.
Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 234 millones de euros para reforzar la FP pública, con el objetivo de responder a la creciente demanda y mejorar la inserción laboral.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acelera la maquinaria legislativa. Tras el parón estival, el departamento que dirige Milagros Tolón ultimará durante el mes de otoño la tramitación del nuevo Real Decreto de requisitos mínimos de los centros de Formación Profesional.
Esta norma tiene un objetivo claro: poner coto al crecimiento de determinados centros privados de FP que han proliferado en el sector educativo durante los últimos años. Esta medida se conoce popularmente como el decreto antichiringuitos.
"Vamos a blindar la calidad de la Formación Profesional. Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes", defendía Sánchez el pasado mes de febrero durante un acto sobre FP.
Educación, por tanto, recogió el guante de aquel anuncio y se puso a trabajar en un Real Decreto que podría ver la luz a lo largo del último cuatrimestre de 2026 para que el Consejo de Ministros lo apruebe a finales de año o principios de 2027.
El Gobierno, con este texto legal, busca establecer exigencias más estrictas para la apertura y funcionamiento de estos centros educativos. El fin prioritario es garantizar la calidad lectiva y asegurar que la oferta privada se adapte al modelo dual.
Además obligaría a los centros privados de FP a cumplir con unos estándares más rigurosos en instalaciones, docentes, número mínimo de titulaciones y horas mínimas impartidas de forma presencial.
Todo este trabajo lo hace de forma paralela al anuncio de una mayor inversión a la FP pública. Este mismo martes, precisamente, Sánchez ha anunciado una inversión "histórica" de 234 millones de euros para reforzar la FP.
De ellos, "107 millones serán para formar a trabajadores en centros públicos de todo el país, facilitar las nuevas certificaciones y dar atención a los que se encuentran en mayor vulnerabilidad y los otros 127 millones son para reforzar sectores como la construcción o el transporte por carretera", ha desarrollado.
El calendario del decreto
Pese a todo, durante el próximo cuatrimestre el decreto antichiringuitos privados de FP se someterá al dictamen de los diferentes órganos consultivos del Estado. De este modo, deberá pasar por la mesa del Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional y la Conferencia Sectorial con las autonomías.
Una vez superado el periodo de alegaciones y los correspondientes informes jurídicos, la intención del Ejecutivo es llevar la norma al Consejo de Ministros entre finales de este 2026 y los primeros meses de 2027 para su aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, su entrada en vigor no supondrá un cierre automático de instalaciones. La norma incluirá una moratoria transitoria de hasta dos cursos académicos. Este margen permitirá a los centros privados adaptar sus infraestructuras, plantillas y proyectos formativos a la regulación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto 'La Formación Profesional: el impulso de un país'.
Entre los puntos más destacados del futuro Real Decreto figura el establecimiento de un porcentaje mínimo de horas presenciales obligatorias. La medida busca penalizar a las plataformas puramente teóricas u online que carecen de espacios prácticos y talleres equipados.
Asimismo, la normativa obligará a los nuevos centros a ofrecer un catálogo formativo equilibrado. Con ello se pretende impedir la apertura de negocios que comercializan de forma aislada una o dos titulaciones de alta rentabilidad económica y bajo coste de inversión.
Otro de los pilares del decreto atañe a la acreditación de la FP Dual. Las entidades privadas tendrán que demostrar la firma previa de convenios reales con empresas del tejido productivo, garantizando que el alumnado realice entre el 25% y el 35% de sus horas lectivas en puestos de trabajo.
La regulación fijará también nuevas condiciones sobre las instalaciones. Se actualizarán los requerimientos de metros cuadrados por alumno, el equipamiento técnico de las aulas y se establecerá un tope estricto de 25 alumnos por docente para evitar la saturación en las aulas.
Además, el texto legal dotará a las comunidades autónomas de herramientas jurídicas específicas para denegar licencias de apertura en aquellos sectores formativos o áreas geográficas donde se detecte una sobreoferta privada o una falta de demanda laboral real.
Refuerzo de lo público
Como se ha avanzado, esta ofensiva regulatoria sobre el sector privado coincide en el tiempo con el despliegue de recursos para fortalecer la red pública. El Gobierno quiere compaginar el aumento de las exigencias normativas con una inyección económica en los centros públicos.
En este contexto se enmarca el reciente anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha hecho pública la aprobación de una partida presupuestaria de 234 millones de euros destinada a la Formación Profesional.
Durante la presentación, Sánchez defendió que destinar recursos públicos a las aulas técnicas permite dar respuesta a las necesidades cambiantes del mercado laboral y garantizar la estabilidad laboral de los jóvenes en todo el territorio.
"La inversión que estamos haciendo en FP se materializa en sueños que se hacen realidad y vidas que salen adelante", ha valorado el presidente del Gobierno para ponderar el impacto social que tienen estas asignaciones presupuestarias en la ciudadanía.
Sánchez, de hecho, ha enfatizado en que los itinerarios técnicos han dejado de ser una alternativa secundaria para las familias: "Para muchos de nuestros hijos, la FP era una segunda opción, un plan B. Eso ha cambiado mucho. Ahora la FP es el plan A, no el B".
El presidente fundamentó este giro sociológico en el incremento de los niveles de calidad y en las altas tasas de inserción laboral que registran las diferentes titulaciones que componen el catálogo formativo oficial.
En la misma línea, recordó que la respuesta de las matriculaciones ha sido masiva desde 2018. Según los datos aportados por Educación, el volumen de alumnos inscritos en estos ciclos formativos se ha incrementado en un 46% durante los últimos seis años.
Este repunte de la demanda ha permitido batir marcas históricas en los registros de escolarización del país. "Se han superado los 1,2 millones de alumnos en FP", detalló el presidente.