El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto bajar el número de alumnos de la FP de grado básico a un máximo de 15 por docente, frente a los 20 actuales, y que este tope se haya alcanzado en el curso 2028-2029.
El Ministerio ha presentado esta propuesta, a la que ha tenido acceso EFE, en la reunión que mantiene con los sindicatos públicos docentes en torno a la modificación del decreto del 2010 que también bajará las ratios máximas de bebés en las escuelas infantiles de 0 a 3 años así como el número de alumnos en segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato.
Los sindicatos habían demandado una reducción de ratios en la Formación Profesional y el nuevo borrador del decreto, que mantiene que el número de estudiantes para grados medio y superior y cursos de especialización de FP sea de un máximo de 25 alumnos en clases presenciales, también regula por primera vez un máximo en el grado básico, fundamentalmente cuando se requiere uso de aulas taller o laboratorios.
El decreto de requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, del 2010, no requiere pasar por las Cortes Generales, y también contempla un tope de 20 alumnos (frente a los 25 actuales) en el ciclo de Infantil de 3 a 6 años y de 30 (frente a los 35 actuales) en Bachillerato.
Además sitúa en un máximo de 4 bebés por educadora para las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años.
Riesgos climáticos en las aulas
La norma también se centra en los riesgos climáticos que presentan los centros educativos e incluye un artículo nuevo sobre atención a la salud, protección y bienestar, que señala que todos los centros, "en el marco de su autonomía organizativa, deberán disponer procedimientos específicos de actuación para su activación ante fenómenos de temperaturas extremas o riesgos climáticos".
Entre otras medidas deberán incluir indicaciones sobre la reorganización de tiempos o espacios, la reducción o adecuación de las actividades físicas o en el exterior, y la especial atención al alumnado de menor edad o en situación de vulnerabilidad.
En relación con la igualdad de oportunidades en el ámbito rural y para favorecer el mantenimiento y la continuidad de las unidades escolares, el texto incide en que las administraciones educativas aplicarán criterios cualitativos relacionados con los beneficios que aportan estos centros a las comunidades de dichos territorios.
"Se considerarán los relativos al enriquecimiento y dinamización cultural de las poblaciones, a la transmisión del conocimiento y la conservación de las tradiciones populares, al cuidado del entorno natural y la conservación del patrimonio lingüístico e inmaterial propio, a su contribución al incremento de la cohesión social y la diversidad generacional, y a los positivos efectos demográficos y de permanencia de la población en estos territorios", señala el nuevo texto.