Tensión ante el desahucio de Maricarmen: la Policía acude a la zona y levanta a quienes habían acampado para apoyarla
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mantenido durante toda la noche una acampada de apoyo con la idea de que no se produzca el lanzamiento.
Más información: El polémico desahucio de Maricarmen que pide evitar la ONU: lleva 70 años en la casa y tiene un 50% de discapacidad
Efectivos de la Policía Nacional han comenzado pasadas las 7 de la mañana a acordonar la zona y levantar las tiendas de la acampada frente al edificio de Madrid en el que vive Maricarmen, la anciana de 87 años a la que este miércoles está previsto desahuciar de su domicilio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mantenido durante toda la noche una acampada de apoyo a Maricarmen frente a su domicilio, en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, con la idea de que no se produzca el lanzamiento.
Tras la actuación policial, decenas de personas han quedado en las inmediaciones lanzando consignas en contra del desahucio que, según ha informado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, tendrá lugar a partir de las 9:30 horas, cuando está prevista la llegada de la comisión judicial que tiene que realizar el lanzamiento.
Entre los asistentes esta mañana en las inmediaciones del domicilio de Maricarmen están la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el diputado de Sumar, Enrique Santiago, según informa Efe.
Anoche, entre los asistentes se encontraban figuras del ámbito político y artístico, entre ellas la comunicadora Inés Hernand y la cantante y actriz Ana Belén.
La propia Maricarmen intervino anoche ante los congregados en su apoyo y mostró su rechazo al desahucio -al que la ONU también se opone- después de haber vivido durante 71 años en la vivienda.
"Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea", afirmó.
La mujer, que tiene una discapacidad reconocida del 50 por ciento, agradeció al Sindicato de Inquilinas el apoyo recibido durante estos años y ha animado a otras personas con problemas de vivienda a organizarse.
Mientras, una conocida escritora que prefiere mantener el anonimato se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen, tras conocer el caso y ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para tratar de negociar con el abogado de la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.
La propuesta contempla que Maricarmen siga abonando los 500 euros mensuales que paga actualmente y que la escritora cubra la diferencia hasta alcanzar los 2.650 euros mensuales que reclama la propiedad.
Según ha detallado el sindicato, ahora la decisión está en manos del fondo inmobiliario Urbagestión, que hasta el momento se había negado a alcanzar un acuerdo con la inquilina.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
¿Quién debe intervenir?
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.
![Maricarmen en su casa del distrito del Retiro, en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11111170.jpg?p=w:320\/h:240&h=WSKkniPw"])
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada, pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio, según informa Europa Press, y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.
Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".
Al respecto, fuentes municipales apuntan a que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación. "El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado", indican.
En este sentido, subrayan que la afectada "es usuaria de diferentes prestaciones sociales municipales", como el servicio de ayuda a domicilio. Además, recalcan que desde el Consistorio se han puesto a su disposición "diferentes recursos de alojamiento", pero que la mujer "ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza".
Samur Social acudirá al lanzamiento y, de producirse, las mismas fuentes apuntan a que "se le volverá a ofrecer atención en el marco de la emergencia social".
