La inflación (9,8%) parece instalada en la economía española. Lo grave es que está por encima de la de muchos países de nuestro entorno: clientes, proveedores y competidores. Si nuestros precios en euros suben más rápido que los de otros países perdemos competitividad.

Según la ortodoxia macroeconómica, combatir la inflación exige reducir la masa monetaria en manos de empresas y particulares subiendo los tipos de interés (decisión de los bancos centrales) o a través del tapering (reducir sus compras de deuda). Dos medidas que encarecen los préstamos y, en consecuencia, reducen el dinero en manos de particulares y empresas, bajando el consumo y la inversión. Al reducir la demanda los precios se contienen. Es "enfriar la economía", ya que la inflación es como su fiebre. En el caso de España, esta es tarea del BCE porque estamos en la eurozona.

La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra lo están haciendo. El BCE no acaba de decidirse. El tapering y la subida de los tipos de interés dificultan el crecimiento del PIB, amenazando la recuperación de la zona euro. Zona que no crece lo suficiente para recuperar las pérdidas de la pandemia. La guerra ruso-ucraniana golpea más la economía del continente que la de USA o Inglaterra. Las medidas contra Rusia son un boomerang para una Europa central que depende de su energía y suministros. Por tanto, la política monetaria del BCE puede tardar más de lo conveniente para España.

Entonces, ¿qué hacer?: aplicar medidas estructurales. Reducir las distorsiones de la economía española que dificulten la libre concurrencia y contener los costes que obliguen a las empresas a subir precios, ya que lo peor es tener una inflación superior a los países de entorno, aquellos con los que más comerciamos o con los que competimos.

Entre esas medidas es necesario agilizar las administraciones públicas. Por ejemplo: España sigue siendo un país en el que crear empresas es un esfuerzo ímprobo. La llegada de los fondos europeos de la Next Generation se dificulta porque la maquinaria burocrática no funciona. Cepyme denuncia que no están al alcance de autónomos y pymes por las trabas que tienen. Las regulaciones de todo tipo dificultan la toma de decisiones empresariales.

Además, la reforma laboral de 2021, aunque ligera, ha hecho más rígido el mercado de trabajo. Las estadísticas dirán lo que quieran. Pero serán una falsificación de la realidad. Lo que antes eran temporales ahora son fijos-discontinuos. El nivel de paro queda enmascarado por los nuevos ERTE. El mercado laboral se ha vuelto más rígido. No era el momento de aplicar la reforma laboral de 2021.

Por otra parte, los gastos de la Administración se han disparado. Muchas decisiones del Gobierno alimentaron la inflación: subidas de sueldos de los empleados públicos, aumento de subvenciones, crecimiento de ministerios, ligar las pensiones al IPC… Además, los gastos de servicio de la deuda aumentarán cuando se cumplan las expectativas de subida de tipos de interés. Algo que ya anuncia un Euríbor positivo por primera vez en mucho tiempo.

Para pagar todo ello, si no hay un esfuerzo de austeridad pública, es necesario mantener los ingresos fiscales. Eso presiona a las empresas, que necesitan subir los precios, y a los trabajadores, que ven reducida su capacidad adquisitiva y piden aumentar salarios. Ambos efectos ceban nuevamente la inflación. Por eso, para responder a esas tensiones inflacionistas es necesaria la moderación salarial y la baja de los tipos impositivos.

En cambio, el Gobierno quiere ofrecer más subvenciones para compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, porque dice que reducir impuestos implica disminuir prestaciones sociales. La oposición indica que se pueden reducir impuestos sin reducir servicios sociales si se racionalizara el gasto público. Es la política económica que propone Feijóo.

Pero el Gobierno no puede ceder porque UP, su componente radical, no lo permite. Sánchez, que tanto se queja de que el PP está en manos de Vox, debería ser consciente que, en estos momentos, él es rehén de una izquierda irracional en materia económica. Si Sánchez pide al PP que aísle a Vox, ¿por qué no aísla el PSOE a UP, ERC o Bildu?

*** José Ramón Pin es profesor del IESE.