Así, tras el fuerte repunte del déficit público registrado en 2020, los datos más recientes avanzan que las administraciones públicas españolas habrían reducido su desequilibrio fiscal por debajo del 7% del PIB durante 2021, es decir más de tres puntos inferior al observado en el año anterior. Los ingresos públicos, soportados por las medidas de apoyo al empleo y de sostenimiento de las rentas de las familias, mostraron una fortaleza mayor que en crisis anteriores, y a finales del año pasado superaban ya los niveles anteriores a la pandemia. Por su parte, la recuperación del empleo y las menores necesidades de gasto para enfrentar la crisis sanitaria habrían favorecido un ajuste del gasto público en 2021, contribuyendo así a la reducción del déficit.

Aunque la corrección del desequilibrio fiscal durante el año pasado habría sido generalizada en todos los subsectores de Administración pública, se observan diferencias de comportamiento entre ellos. A lo largo de la crisis sanitaria, el Estado habría asumido la mayor parte del coste de la pandemia, transfiriendo fondos a las haciendas territoriales y a la Seguridad Social por un importe equivalente al 3,5% del PIB en 2020 y al 1,5% en 2021 para afrontar el aumento del gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales.

Como resultado, la Administración central habría absorbido en torno al 90% del déficit total de 2021. Por su parte, la buena evolución de las cotizaciones sociales y las nuevas transferencias del Estado para absorber parte de los denominados gastos impropios (no contributivos) habrían favorecido una rápida reducción del déficit de la Seguridad Social. Igualmente, las comunidades autónomas habrían cerrado el año 2021 en torno al equilibrio presupuestario gracias a las transferencias extraordinarias del Estado y a la mejora de la recaudación autonómica.

El Estado habría asumido la mayor parte del coste de la pandemia, transfiriendo fondos a las haciendas territoriales y a la Seguridad Social

Pese a que estos datos de ejecución presupuestaria apuntan a que se podría estar iniciando un proceso de consolidación, esta crisis ha resultado muy diferente a las anteriores. El impacto de la pandemia sobre la actividad ha sido históricamente elevado y, sin embargo, el efecto en el empleo ha sido menor que en recesiones anteriores (posiblemente por la puesta en marcha de políticas de protección del trabajo).

Por contra, la corrección está siendo mucho más rápida que entonces. De hecho, si tras la crisis financiera se tardó casi una década en recuperar el nivel de actividad previo, actualmente se prevé que a finales de 2022 se haya superado el anterior a la pandemia.

Desde el punto de vista de las cuentas autonómicas, mientras que la crisis precedente afectó principalmente a los ingresos de las comunidades, esta vez el impacto de la pandemia se ha concentrado en el gasto autonómico. Sanidad, educación y buena parte de los servicios sociales (entre otros, atención a la dependencia o a personas mayores) son tres de las actividades del sector público que se han visto más afectadas por la Covid-19, y son competencia casi exclusivamente de los Gobiernos regionales.

La menor duración de la crisis y la recuperación más rápida de la actividad deberían permitirles aproximarse al equilibrio financiero con mayor rapidez en esta ocasión. Sin embargo, algunos aspectos apuntan que podría no ser así.

En primer lugar, las comunidades llegaron a la pandemia con un panorama financiero complicado, con niveles elevados de deuda, y teniendo que recurrir a los mecanismos extraordinarios de financiación dispuestos por el Estado (incluido el fondo de liquidez autonómica, FLA), ya que los mercados financieros estaban prácticamente cerrados para ellas. Estos mecanismos, además, les han permitido financiarse en condiciones más accesibles por disponer de la garantía del Estado.

En segundo lugar, el gasto Covid -equivalente aproximadamente a dos puntos porcentuales del PIB acumulados en 2020 y 2021-, que se ha cubierto con las inyecciones de fondos provenientes del Gobierno central, se está corrigiendo rápidamente a medida que se supera la pandemia.

Sin embargo, el resto del gasto no vinculado a la Covid-19 está mostrando una mayor resistencia al ajuste, y se mantiene en torno al 17% del PIB en el conjunto autonómico (casi un punto y medio porcentual por encima del nivel precrisis) y con una elevada dispersión regional (desde el 13% del Madrid al 24% de Extremadura). Junto a ello, la retirada parcial de los apoyos del Gobierno central hace prever una vuelta de los ingresos a niveles cercanos al alcanzado en 2019. Como consecuencia, la situación financiera de las comunidades empeorará.

En este contexto, y en ausencia de nuevas medidas de control del gasto, a finales de este año el saldo del conjunto de las Administraciones autonómicas se mantendrá lejos del equilibrio presupuestario. En todo caso, como ponen de manifiesto las proyecciones de las cuentas autonómicas que realizó en diciembre BBVA Research, la dispersión entre comunidades es elevada, y los efectos de un mayor control del gasto permitirían retornar rápidamente al equilibrio a la mayoría de las regiones.

En ausencia de nuevas medidas, a finales de este año el saldo del conjunto de las Administraciones autonómicas se mantendrá lejos del equilibrio presupuestario

No obstante, volver a una situación de equilibrio podría no ser suficiente para que los Gobiernos regionales puedan regresar a los mercados financieros. Desde 2015, la caída de los tipos implícitos de la deuda combinado con un elevado crecimiento nominal había posibilitado un efecto "bola de nieve" favorable, limitando el incremento de la deuda. Esta dinámica se rompió temporalmente en 2020 por la caída de la actividad, y se habría recuperado en 2021 y 2022. Pero hacia delante, es difícil que esto se pueda perpetuar.

Pese a que el escenario de crecimiento de la actividad económica es favorable, también se esperan subidas de tipos, y los gobiernos regionales podrían enfrentarse a primas de riesgo elevadas, que podrían ser mayores para aquellas con niveles de deuda que se acercan a la insostenibilidad si los tipos se elevan demasiado.

Todo ello exige poner el foco en la capacidad de generación de superávit primarios por parte de las comunidades autónomas. En ausencia de reformas estructurales que afecten al sistema de financiación o que aborden una reducción de la deuda en manos del Estado (que a cierre de 2020 suponía ya casi el 59% del total de la deuda autonómica), las comunidades todavía tienen pendiente deberes importantes que realizar para promover un esfuerzo de reducción del gasto y de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas.

*** Virginia Pou Bell y Pep Ruiz de Aguirre, BBVA Research.