Después de años de tira y afloja con el discurso de Unidas Podemos sobre vivienda, los políticos, los grandes fondos de inversión y la opinión pública en general coinciden en una cosa: en España tenemos un problema de vivienda que afecta a los más vulnerables. El diagnóstico es claro: la combinación de rentas bajas en un país con un desempleo superior al de la media europea y la insuficiente oferta de vivienda pública hace que para muchos españoles sea una odisea pagar el alquiler a final de mes.

Esa situación es desesperada para más de 350.000 familias que destinan a la renta de la vivienda un 48% de sus ingresos familiares, frente al umbral del 30% que se considera como aceptable, según datos de Asval. Está claro que hay que hacer algo. La pregunta -y la polémica- viene en el qué hacer y quién lo debe hacer.

La protección de esas familias le correspondería al Estado, pero como España ha fallado en este tema el Gobierno de Pedro Sánchez quiere trasladar esa responsabilidad a la propiedad privada. Y en concreto a quienes tienen en sus manos menos del 5% de la oferta total de alquileres: los fondos internacionales y un grupo de inversores que tiene más de 10 viviendas.

Esos 'grandes tenedores' comenzaron a aterrizar en España en 2012, cuando la banca tenía un problema de stock del ladrillo heredado de la crisis inmobiliaria que no habría podido digerir de no ser por esos inversores, que pronto pasaron a ser conocidos como 'buitres'.

El acuerdo alcanzado entre Félix Bolaños e Ione Belarra para aprobar la primera Ley Estatal de Vivienda va a animar a parte de esa inversión a replegar velas o a no seguir invirtiendo en España. Portugal es un mercado atractivo, que se encuentra a muy pocos kilómetros y ofrece más seguridad jurídica.

Si se materializa su salida de España, la oferta de pisos caería. No tenemos que viajar demasiado para encontrar datos con los que acreditar esta afirmación. Cataluña es el laboratorio de pruebas de las ideas de Unidas Podemos en materia inmobiliaria y después de un año de intervención del alquiler ya se ha comprobado cómo la oferta ha caído un 40% y la firma de contratos un 16%, según un estudio de la asociación sectorial Aepsi.

Habrá menos oferta, pero también menos posibilidades de invertir en vivienda pública. El motivo es que esos fondos a los que se quiere penalizar con la intervención de los precios del alquiler son los mismos con los que estaba hablando el ala socialista del Gobierno para poner en marcha un marco de colaboración público privada para invertir en alquileres sociales. Un proyecto que difícilmente saldrá adelante si no se garantiza seguridad jurídica y un buen entendimiento entre inversores y Administración.

Esos fondos a los que se quiere penalizar son los mismos con los que estaba hablando el ala socialista del Gobierno para invertir en alquileres sociales

A cambio, el Gobierno ha tenido la idea de obligar a los promotores a destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, de las que la mitad irán destinadas al alquiler social. 

Plantear esto tras comprobar cómo se ha producido una huida de promotores de Barcelona -donde Ada Colau puso en marcha una normativa similar- es otro disparate que traspasa una 'línea roja' que hasta ahora el PSOE no quería cruzar.

Los fondos europeos de Next Generation y el interés de los grandes inversores internacionales en el mercado inmobiliario español era una oportunidad para tratar de lanzar, por fin, un parque de vivienda pública a precios asequibles sobre la base de la cooperación público privada en España. Sin ellos y con los niveles de deuda y déficit actuales, el Gobierno no tiene músculo financiero para hacerlo.

Dejar pasar esa oportunidad de construir un parque público de vivienda dañará a los más vulnerables que son los que necesitan acceder a una vivienda con la ayuda del Estado y no del inversor privado.

Pero además, si prospera la propuesta oficiosa anunciada este martes, se desatará una batalla jurídica que dañará la imagen exterior de España. El motivo es que este acuerdo discrimina entre grandes arrendatarios de vivienda y particulares, lo que puede desembocar en una batería de arbitrajes internacionales si los fondos deciden pelear.

Con todo esto, no es aventurado afirmar que la Ley de Vivienda Estatal de la que Bolaños ha evitado dar detalles en la rueda de prensa del Consejo de Ministros no saldrá adelante. Primero, porque el propio PSOE descafeinará la propuesta cuando logre sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado este jueves para mandarlos al Congreso. 

Y segundo, porque los firmantes del acuerdo son muy conscientes de que en el Hemiciclo no contarán con los apoyos necesarios para sacar adelante esta ley. El PNV no respaldará este texto y, entre sus aliados catalanes, tampoco el PDeCAT lo apoyará. También para saber esto ha servido el experimento de Cataluña.

El problema es que el daño ya está hecho y tendrá repercusiones sobre un bien de primera necesidad como es la vivienda.