Las 22 recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo que el Congreso acaba de aprobar, son el marco dentro del cual el gobierno deberá legislar cambios en el sistema de pensiones. El balance general de las recomendaciones es, desde mi punto de vista, negativo. Sin embargo, podría haber sido peor.
El problema esencial del sistema de pensiones sigue siendo el mismo: cuando se aprobó la Ley General de la Seguridad Social de 1966, la esperanza de vida apenas superaba los 70 años; hoy es de casi 84 años.
Eso ha derivado en una proporción insostenible entre pensionistas y ocupados: en 1981 había 3,3 millones de pensionistas (jubilación y viudedad) cuyos ingresos eran financiados por 9,9 millones de ocupados en el sector privado; en 2019 eran 8,4 y 16,5 millones, respectivamente. Esa desproporción crea un déficit estructural en el sistema.
Las reformas de 2011 y 2013 buscaron corregir, de modo muy gradual, dicho desequilibrio a través de la contención del gasto. Para eso, entre otras cosas, se elevó la edad de jubilación, se cambió la fórmula de revalorización anual y se creó un Factor de Sostenibilidad, para adaptar (reducir) la prestación inicial a medida que aumentara la esperanza de vida. La intención, lógica, era aumentar la correspondencia entre lo aportado y lo cobrado del sistema.
En 1981 había 3,3 millones de pensionistas (jubilación y viudedad) cuyos ingresos eran financiados por 9,9 millones de ocupados en el sector privado
La idea fundamental detrás de estas nuevas 22 recomendaciones es que el déficit estructural del sistema, en adelante, se financie con más ingresos. Eso queda plasmado en la “Recomendación 1: separación de fuentes”, por la cual gastos que se consideran “impropios” (reducciones en las cotizaciones sociales, prestaciones por nacimiento, complementos de maternidad, etc.) pasarán a ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado.
Se trata de un artificio contable por el cual el déficit pasa de la Seguridad Social al Estado nacional. Luego, el Estado nacional, ante su mayor déficit, tendrá una nueva excusa para subir los impuestos. A eso se añade la reimplantación de la revalorización anual según el IPC (la “Recomendación 2”). En rigor, mucho más que el IPC: en 2020 el IPC será negativo, pero las pensiones subirán 0,9%.
Entre 1999 y 2019, el salario medio creció un 48%. En igual período, la pensión media de jubilación aumentó un 123%. Los socialistas de todos los partidos presentan el actual sistema de pensiones como “solidario”, pero es profundamente injusto.
Gente con 15 años aportados, cobra una pensión durante más de 20 años, pagada por trabajadores cuyos ingresos aumentan menos y que se jubilarán con condiciones menos ventajosas. ¿Solidaridad? Más bien, un “sálvese quien pueda”. Estas recomendaciones ahondan la inequidad del sistema, al justificar una revalorización de las pensiones al mismo tiempo que los salarios sufren su mayor caída en más de un siglo.
Con todo, podría haber sido peor. El Factor de Sostenibilidad (inicialmente previsto para 2019, pero cuya aplicación se postergó a 2023), de momento sigue en pie. También se rechazaron enmiendas para retrotraer la edad de jubilación a los 65 años. Sin embargo, sabiendo que Pablo Iglesias siempre se opuso a aquel Factor y que su propuesta es volver a la jubilación a los 65 años, lo más probable es que sean las próximas concesiones de Pedro Sánchez a cambio de aprobar vaya a saber qué proyecto.
Las nuevas recomendaciones no aportan nada para corregir el déficit del sistema y lo hacen, incluso, un poco más insostenible. El sistema sigue siendo injusto, de naturaleza insostenible y abre la puerta a nuevas subidas de impuestos. Todo, en un momento en que el déficit fiscal está desbocado y con la deuda pública pronta a superar el 120% del PIB.
Los políticos siempre piensan que no serán ellos quienes se quedarán sin silla cuando pare la música. Por eso prefieren postergar lo inevitable. Pero la realidad, tarde o temprano, se impone. Si algo es insostenible, en algún momento se caerá. La pena es que no caerá sobre ellos, sino sobre nosotros.Pacto de Toledo: un sistema más insostenible y más injusto
*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados