Esta crisis está siendo brutal, no sólo en pérdidas de vidas humanas, sino también en términos de destrucción de actividad y empleo. Es fácil en este contexto entrar en situación de conmoción y parálisis, pero no nos lo podemos permitir. El mayor riesgo ahora es el de la destrucción de tejido productivo y la desaparición de empresas, tal y como se planteaba en el informe de Estrategia de Salida que ha presentado CEOE esta semana.

Cuanto mayor sea el deterioro de la actividad, y este año la contracción del producto puede ser de dos puntos, nuestras empresas tendrán mayores pérdidas y no pocas de ellas desaparecerán. La causa es que los ingresos caen en mayor proporción que los gastos con el consiguiente deterioro y contagio de las cadenas de liquidez. Desde la perspectiva de mantener lo más que se pueda nuestro tejido productivo, lo lógico sería plantear mayores apoyos a nuestras empresas en términos de liquidez y ayudas.

Es verdad, que nosotros tenemos el condicionante de nuestro excesivo déficit estructural. Pero su solución pasa por mejorar la eficiencia y la austeridad en el uso de los recursos públicos, diseñando las medidas para poder reducir el gasto público estructural este año, para poder así bajar los impuestos a las empresas, o en el peor de los casos, no tener que subirlos, y no escatimar medidas públicas de apoyo a los niveles que han hecho otros países.

Lo lógico sería plantear mayores apoyos a nuestras empresas en términos de liquidez y ayudas

Para acelerar nuestra recuperación económica es obligado acometer un plan de choque de políticas de oferta centrado en reducciones de impuestos y mayor flexibilidad económica. Los aplazamientos de impuestos aprobados y los esquemas de avales son positivos, pero claramente insuficientes. En cualquier caso, estos avales con cobertura limitada, son solo ayudas a liquidez, y no una ayuda para cubrir pérdidas posibles, como podría ser, si su cobertura fuera total. Se puede dar la paradoja, de que parte de la financiación obtenida en los esquemas de avales se tenga que destinar a pagar impuestos. 

Una fórmula especialmente eficiente y justa para inyectar recursos de forma directa al tejido empresarial, y que por ello, que no estaría de más valorar de alguna forma, sería la de carry back, esto es permitir a las empresas la compensación de pérdidas hacía atrás con el año anterior para compensar las pérdidas de 2020 con los beneficios de 2019, tal y como se permite, entre otros países, en Alemania, Francia, Reino Unido o Irlanda. En la anterior crisis ya se aprobaron incentivos fiscales que podríamos recuperar ahora, como la libertad de amortización para las nuevas inversiones. Como resultado, con este tipo de propuestas, el impuesto a pagar este año reforzaría los recursos propios de las empresas que han sufrido pérdidas cuando más se necesitan.

Después de esta crisis, las empresas necesitarán adaptarse a los nuevos retos futuro, como son los de la digitalización y la transición energética. Para ello, necesitamos que se apueste por la libertad de empresa y por la flexibilidad económica.

A las empresas, se las ha impuesto prohibiciones, obligaciones y cargas, que en el extremo comprometen su propio futuro, cuando lo que necesitamos es lo contrario: más libertad de empresa. Por ejemplo, el Gobierno en su planteamiento de intervención máxima, pretende condicionar el acceso a sus limitadas ayudas, a que las empresas no repartan dividendos.

Es verdad, que en este contexto puede ser prudente el reforzar la autofinanciación, pero no puede obligar a ello, ya que la casuística es múltiple, con no pocas empresas, que verán muy difícil cubrir nuevas ampliaciones de capital para recomponer su solvencia o financiar sus inversiones, ante la prohibición de reconocer dividendos a sus socios. 

 Se puede dar la paradoja, de que parte de la financiación obtenida en los esquemas de avales se tenga que destinar a pagar impuestos

Una política como la de las suspensiones temporales de las relaciones de trabajo (Ertes) podía ser una medida razonable para una crisis corta y transitoria, pero resulta totalmente insuficiente para una crisis de este calado.

Ante el desplome de la actividad e ingresos, resulta obligado el ajuste de capacidad de las empresas. La paradoja es que se ha prohibido a las empresas la posibilidad de realizar despidos por causas objetivas y se obliga a las empresas que han acudido a la figura limitada de los Ertes a mantener sus niveles de empleo previos. Lo que se requiere ahora es mayor flexibilidad laboral, para modificar las condiciones de trabajo o adaptar jornadas y si no queda, más remedio, poder acudir a la posibilidad, ahora prohibida, de los despidos por causas objetivas, para poder ajustar su capacidad productiva al escenario de menores ingresos. En ausencia de esta flexibilidad, tanto interna como externa, un número no desdeñable de empresas, que se podían haber salvado, tendrán que cerrar de manera irreversible.

A largo plazo no tengamos ninguna duda que cuanto más se defienda y apoye a la empresa privada, la situación será más llevadera para todos y más confianza y credibilidad despertaremos en terceros. Algunos piensan que la solución puede venir de Europa, pero la solidaridad europea de la que algunos hablan, de venir probablemente no será gratis, sino sólo tras un fuerte deterioro, y condicionada, a acometer las reformas estructurales, para el crecimiento y la sostenibilidad de nuestras finanzas, que no hemos sido capaces de hacer por nosotros mismos. Por qué en Europa, no pocos, y no sin cierta razón, piensan que el que no se quiere ayudar a sí mismo difícilmente puede exigir que le ayuden otros.

*** Gregorio Izquierdo Llanes es director general del Instituto de Estudios Económicos.