El Gobierno propone un "ingreso mínimo vital" (IMV), para familias con ingresos muy bajos (¿menos de 300 €/mes?); sobre 500 €/mes más complementos por hijos. Hoy parece razonable un sistema para defender a los más desfavorecidos. Aunque es mejor la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) para todos los ciudadanos españoles con mayoría de edad. Su cantidad individual sería similar al IMV ¿por qué la RBU es preferible al IMV? Hay razones: sociales, presupuestarias económicas y políticas.

En el IMV será la Administración quién decida quién lo reciba y puede haber injusticias ¿por qué cobrarla con rentas inferiores a 300 euros/mes y no con 400? El fraude y esa exclusión exigen funcionarios controlando y aumentando los gastos administrativos. Además, las personas cambian en sus ingresos y los que ahora lo necesitan en un tiempo dejan de necesitarlo y viceversa. Cambios complicados de controlar por una Administración. Por otra parte, el IMV se plantea para hogares ¿Y los homeless o los que no pueden presentar la propiedad o alquiler de una vivienda? Una soltera de 50 años puede estar en peor situación que una familia con hogar. Sería una injusticia no ayudarla.

Por contra, la RBU la reciben todos los ciudadanos; eso simplifica el proceso y ahorra administración. La aparente injusticia de que lo reciban ricos y pobres se corrige mediante el Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF) que a partir de cierta renta tendría un cargo adicional igual a su ingreso por RBU. De manera que lo que el Estado le da por una parte se lo retira por medio del IRPF, excepto a rentas inferiores a una escala. Así, alguien que temporalmente pierde renta por debajo de una cantidad se beneficiaria de la RBU automáticamente.

Para asegurar aún más la equidad fiscal está el Impuesto de Patrimonio. Cobrando en él la cantidad recibida por RBU a partir de un patrimonio determinado si no se ha abonado en el IRPF y el patrimonio excede de cierta cantidad; dejando exenta sólo la primera vivienda por debajo de un valor catastral determinado según el número de familiares.

Con ese sistema el montante de la partida global de la RBU sería similar al del IMV y reduce los gastos de administración. El efecto presupuestario sería neutro o incluso favorable a la RBU. Sobre todo, porque la RBU sustituye la subvención del paro, cuando se acaba la prestación por desempleo.

Otra razón económica es que la RBU se recibe en todo caso, se trabaje o no y es neutral respecto a la propensión a aceptar trabajo cuando se está en paro o con rentas bajas. Sin embargo, el IMV puede dificultar aceptar un nuevo trabajo.

La renta básica se recibe se trabaje o no. Sin embargo, el ingreso mínimo vital puede dificultar aceptar un trabajo

Supongamos que el IMV se ofreciera a hogares con rentas inferiores a 300 euros (38% del salario mínimo interprofesional). Una persona que ya recibe 300 euros de una ocupación si un empleador le ofrece otra con un salario de 950 euros, lo lógico es que la rechace; porque con 950 euros de renta perdería el IMV. Si no acepta el trabajo tendría los 500 euros de IMV y los 300 euros que ya recibe. Si acepta el trabajo ganaría sólo 150 euros más al mes ¿le compensaría? Probablemente no.

Con la RBU sí aceptaría el trabajo, porque pasaría de unos ingresos de 500 (euros) a 1.450 euros (500 de RBU más 950 de renta de trabajo). Ingresaría más dinero; aunque, luego pagaría impuestos, por equidad fiscal si fuera el caso. La RBU es neutral y no retrae la aceptación de trabajo. El IMV lo retrae creando ciudadanos dependientes del IMV con malos efectos para su desarrollo personal y de país.

Electoralmente el IMV al depender de la decisión de la Administración puede crear dependencia política. El temor psicológico a perder ese ingreso puede hacer cautivo el voto ¿o es ese un interés de quien propone el IMV? La RBU, como es para todos, esté quien esté en el poder, no influye en el voto. Además, como es un ingreso proveniente del Estado fija el sentimiento de pertenencia a España y eso, hoy en día, no es despreciable, aunque sea por el "no tan vil metal".

*** José Ramón Pin es profesor del IESE.