Una economía en desaceleración con un binomio déficit-deuda excesivamente elevado, con un alto endeudamiento del sector privado, con una posición neta de inversión internacional muy negativa y con unos mercados de factores, de bienes y de servicios demasiado rígidos tiene una enorme vulnerabilidad y una escasa capacidad de respuesta ante la emergencia de cualquier shock externo imprevisto. Esta situación se agrava cuando la política económica no aborda de manera decidida y rigurosa la corrección de los desequilibrios macro existentes ni emprende las reformas estructurales necesarias para ajustarse con flexibilidad y rapidez a un entorno adverso.
En este contexto, el impacto de la perturbación procedente del exterior acentúa la trayectoria declinante del crecimiento, agudiza el deterioro de las expectativas de las familias, de las empresas y de los inversores y conduce a un escenario de estancamiento con riesgo de desembocar en una recesión.
En esa posición está en la actualidad la economía española. Sin restar ni magnificar la importancia de los potenciales efectos del coronavirus, cuya intensidad será superior a la prevista ab initio por el grueso de los analistas, la epidemia se hace presente en una coyuntura definida por el agotamiento del ciclo expansivo iniciado en el cuarto trimestre de 2013 que ha de ser abordado por un Gobierno cuya política tiene un problema fundamental: la incompatibilidad de sus planteamientos ideológicos con la realidad. Este hecho auguraba, sin la aparición del coronavirus, un panorama bastante peor al proyectado por el Gabinete y por el consenso de los expertos. Ahora, lo agrava.
La epidemia ha de ser abordada por un Gobierno cuya política tiene un problema: la incompatibilidad de sus planteamientos ideológicos con la realidad
A expensas de conocer el cierre el ejercicio presupuestario de 2019, la combinación del aumento del gasto y de los impuestos planteada por el Ejecutivo es incapaz de alcanzar el objetivo de déficit establecido para 2020, 1,8% del PIB. En términos estáticos -sin tener en cuenta el efecto negativo sobre los incentivos de las alzas impositivas- y aceptando la improbable hipótesis de que se recaude lo estimado por el Gobierno, los ingresos serán insuficientes para financiar el incremento de los gastos.
En consecuencia, el desequilibrio de las finanzas públicas superará el 2,5% del PIB y desbordará el 3% del PIB si la contracción de la oferta y de la demanda generadas por el coronavirus se prolonga en el tiempo. Dicho esto, nunca en ningún lugar un plan fiscal y presupuestario como el gubernamental ha logrado recortar el déficit y la deuda del sector público.
El desequilibrio de las finanzas públicas desbordará el 3% del PIB si la contracción de la oferta y de la demanda generadas por el coronavirus se prolonga
En el supuesto de derogar en su totalidad o en parte la reforma laboral, el binomio empleo-paro sufrirá un significativo deterioro. España tiene uno de los mercados de trabajo más rígidos de la UE-OCDE cuya consecuencia es una abultada tasa de desempleo. Un retorno al marco institucional previo a la Gran Recesión sólo produciría, en el mejor de los casos, un estancamiento del ritmo de creación de puestos de trabajo y de los niveles de desocupación.
Esta predicción se refuerza por la nueva subida del SMI y por la anunciada de las cotizaciones sociales. Ambas deprimirán la contratación y elevarán el desempleo, en especial, el de la mano de obra con menor cualificación y experiencia. Esas medidas, desaconsejables en una economía languideciente, son letales en el entorno de incertidumbre causado por el coronavirus.
No cabe esperar ninguna iniciativa destinada a dotar de mayor flexibilidad y presión competitiva a los mercados. Por el contrario, se han puesto en marcha y se anuncian actuaciones que distorsionan su correcto funcionamiento. Del control de los alquileres a la fijación de precios mínimos para los productos agrarios pasando por el cambio regulatorio en la subcontratación, se pretende introducir un paquete intervencionista que lastra la capacidad de adaptación de la estructura productiva a los cambios del entorno, desincentiva el crecimiento económico y la demanda de empleo e impide realizar una eficiente asignación de los recursos. Esta es una pésima política siempre, pero, sobre todo, en el momento presente.
Los planes del Gobierno son inadecuados para hacer frente a los desafíos de la economía española en el corto, en el medio y en el largo plazo. El shock de oferta y de demanda derivado del coronavirus sólo acelera y agudiza una tendencia que ya estaba en marcha. Prepárense, porque vienen curvas.