El pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Una norma que incluye un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración y del que el sector sanitario pide estar exento.
La patronal de la sanidad privada, ASPE, ha presentado una propuesta de enmienda a los portavoces parlamentarios de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Solicita que el tratamiento de residuos sanitarios, que por su riesgo biológico no son reciclables, sea incluido en el artículo de exenciones al Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración que plantea la futura ley.
ASPE explica que este impuesto "es actualmente inasumible para el sector sanitario español, público y privado". En España, "no existe una red de infraestructuras que dé una alternativa satisfactoria y razonable al vertido de residuos sanitarios, por lo que el efecto disuasorio actualmente no podría aplicarse".
Y no solo eso. La futura ley también aborda la necesidad de combatir el denominado ‘turismo de residuos’. En este sentido, la patronal incide en la falta de red y advierte de que las infraestructuras que actualmente existen "tampoco pueden absorber la gestión del volumen de todos los residuos generados".
De hecho, tal y como señala ASPE, en muchos casos, "se deberían desplazar a otras regiones, con un tratamiento previo y autorizaciones adicionales que incrementan el coste". Así, la premisa de la lucha contra el ‘turismo de residuos’ en el caso de los sanitarios "tampoco es viable".
Impacto del impuesto
La patronal advierte de que se trata de un "tributo circular, desde la Administración y con aplicación principal a la Administración, que se traduciría en repercusiones negativas".
Por un lado, el trasvase económico que supondría de unas comunidades autónomas sin incineradoras, a otras que sí las tuvieran. Y, por otro, que la gestión del impuesto conlleva, como cualquier otro gravamen, una carga administrativa y unos costes de gestión para la propia Administración.
"El sector público sería por consiguiente uno de los más afectados por este ‘auto-tributo’ contemplado en la nueva Ley de Residuos. Esto derivaría en repercusiones graves por sus gastos de gestión y económicos, ya que no existen alternativas efectivas actuales para el tratamiento de residuos sanitarios en centros de incineración", ha advertido ASPE.