España va a desempeñar un papel crucial en una de las medidas que puede tener más efecto en la reducción de las emisiones del transporte marítimo y, a la vez, en el despegue de la demanda de los denominados combustibles verdes renovables de origen no biológico. Unas alternativas a los combustibles fósiles entre las que se encuentran el hidrógeno verde y sus derivados.

El próximo 2 de junio, el Consejo Europeo deberá tomar una decisión sobre la propuesta de Alemania que obligaría a que el 2% del combustible marítimo utilizado fuera renovable de origen no biológico. Una cuota que iría incrementándose con el paso de los años hasta alcanzar el 70% en enero de 2050.

A los objetivos de reducción de emisiones marcados por la Unión Europea durante los últimos años ahora se suma la urgente necesidad de reducir la dependencia de combustibles como el petróleo o el gas tras el intento de invasión de Ucrania puesto en marcha por Rusia.

La propuesta alemana cuenta con el apoyo de importantes socios comunitarios. Dinamarca, Irlanda, Holanda o Bélgica ya han mostrado su disposición a apoyarla. Fuentes consultadas por este diario han señalado que, actualmente, existe un importante debate dentro del Gobierno sobre la posición de España. Un voto que sería crucial para que la medida saliera adelante. 

Disyuntiva española

Las dudas respecto a esta medida parten de dos visiones totalmente enfrentadas. La primera de ellas defiende que poner en marcha una medida de este tipo dispararía a corto plazo la demanda de hidrógeno verde y sus derivados. Esta postura tiene entre sus defensores al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Algo que, desde este bando, se ve como positivo ya que se considera una gran oportunidad para que España despegue como hub de hidrógeno verde.

Esta alternativa energética ya cuenta con tecnología robusta que permite su producción industrial. El impulso de las energías renovables está permitiendo reducir su principal hándicap: la electrolisis, el proceso por el que desde el agua se separa el hidrógeno del oxígeno, es un proceso poco eficiente en cantidades pequeñas.

La gran necesidad de energía para conseguir hidrógeno verde hace que, cuanto más hidrógeno se genere, más competitivo es. Desde los defensores de esta alternativa se sostiene que contar con una obligación como esta actuaría como el pistoletazo de salida que necesita la industria para comenzar a producir hidrógeno verde en grandes cantidades.

Un mercado en el que España tendría una posición privilegiada ya que ningún país europeo cuenta con nuestras capacidades para producir hidrógeno en base a energías renovables. La demanda que se generaría en el transporte marítimo serviría como aliciente para que los productores apostaran por esta alternativa energética, lo que dispararía las economías de escala gracias a las que el coste de generar hidrógeno verde sería cada vez más competitivo.

Competitividad de los puertos

Frente a esta visión, que ve la propuesta de Alemania como una gran oportunidad para España, existe una en la que se anteponen una serie de riesgos. Uno destaca sobre todos ellos: la potencial pérdida de competitividad de los puertos españoles.

Según esta tesis, una imposición por parte de Europa para utilizar un porcentaje de combustibles verdes en un periodo corto de tiempo provocaría que las compañías mercantes apostaran por otros puertos en los que esta medida no esté vigente. En el caso de España esto podría afectar a la competencia que Algeciras mantiene con Tánger. El pasado mes de abril, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, incidió en esta idea durante la celebración de un seminario en el Puerto de Algeciras. 

"Tenemos capacidades de sobra para poner en marcha proyectos de energías alternativas alineadas con el paquete regulatorio que está haciendo la Unión Europea.  Pero hay que tener en cuenta que la regulación europea debe permitir concurrir en igualdad de condiciones a todos los puertos de todas las latitudes. Debemos ser muy prudentes en esta regulación", explicó Rodríguez Dapena.

Así las cosas, la próxima semana será clave para clarificar la postura definitiva de España en una decisión capital para los intereses del país. De la posición del Gobierno dependerá si España pone toda la carne en el asador para dar los primeros pasos en la creación de la industria del hidrógeno verde o si, por el contrario, retrasa estas medidas para proteger la actual posición de los puertos españoles.