El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por amplia mayoría su propuesta para la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés), un texto que busca regular el funcionamiento de las plataformas digitales y que forma parte de la ambiciosa reforma legal con la que la UE quiere poner coto al enorme poder de mercado acumulado por gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook, Amazon o Google.
El texto, que ha sido aprobado por 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones, contiene un conjunto de medidas destinadas a poner freno al contenido ilícito, responsabilizar a las plataformas de sus algoritmos y mejorar la moderación de los contenidos.
La votación de este jueves no es todavía el final del procedimiento. El texto aprobado constituye la posición negociadora de la Eurocámara. El siguiente paso será entablar negociaciones con los Gobiernos de los Veintisiete, que ya han aprobado su propia versión, con el fin de llegar a una redacción definitiva de la Ley de Servicios Digitales, un acuerdo que se espera completar de aquí a junio.
En paralelo, la Eurocámara todavía tiene que definir su posición sobre el segundo pilar de la nueva "Constitución digital" de la UE: la Ley de Mercados Digitales (DMA). Esta segunda pieza, que también tiene que aprobarse en junio, se dirige únicamente contra los gigantes tecnológicos, por considerar que juegan un papel de "guardianes de acceso". Su objetivo es favorecer la competencia, con una lista de obligaciones y prohibiciones que se aplicará de forma preventiva y automática a plataformas como Facebook o Amazon.
La Ley de Servicios Digitales aprobada este jueves por el Parlamento Europeo tiene como objetivo aumentar la responsabilidad de las plataformas sobre los contenidos y productos que intercambian sus usuarios, por ejemplo falsificaciones o estafas, contenidos ilegales como la pornografía infantil o la incitación al odio, pero también campañas de desinformación y fake news.
La norma se basa en un principio básico: lo que es ilegal en el mundo físico debe ser también ilegal en el mundo online. Se aplica a todas las plataformas, pero establece exigencias más estrictas para las más grandes. En caso de incumplimiento, los gigantes tecnológicos se enfrentan a multas que podrían llegar al 6% de su volumen de negocios total el año anterior.
La norma establece un mecanismo de «notificación y acción» para la retirada de productos, servicios o contenidos ilegales de las plataformas digitales. Las plataformas digitales deberán actuar al recibir tales notificaciones «sin demora indebida, teniendo en cuenta el tipo de contenido ilegal que se está notificando y la urgencia de adoptar medidas».
Los cambios de la Eurocámara
La Eurocámara ha introducido una serie de cambios respecto a la propuesta original de Bruselas que se presentó en diciembre de 2020, y que serán las cuestiones más problemáticas a la hora de negociar con los Gobiernos. En primer lugar, los parlamentarios quieren prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores o grupos vulnerables.
Para el resto de los usuarios, las plataformas deberán ser más transparentes sobre los algoritmos que utilizan para la publicidad personalizada, incluida información sobre la forma en que se monetizarán sus datos. Denegar el consentimiento no deberá ser más difícil ni llevar más tiempo que concederlo. En caso de rechazar dar el consentimiento o retirarlo, las plataformas tendrán que ofrecer otras opciones de acceso, incluida la posibilidad de anuncios sin rastreo.
La Eurocámara pide además que se prohíba a las plataformas digitales engañar o condicionar a los usuarios para influir en su comportamiento a través de "patrones oscuros". La nueva Ley deberá facilitar que los destinatarios de los servicios digitales y las organizaciones que los representan puedan reclamar daños y perjuicios cuando las plataformas no hayan respetado sus obligaciones de diligencia debida.
Los parlamentarios reclaman más posibilidades de jerarquización basada en algoritmos. En concreto, las plataformas de muy gran tamaño deberán proporcionar al menos un sistema de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles.
Finalmente, para el Parlamento Europeo es prioritario obligar a los suministradores a respetar en sus términos y condiciones la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como establecer el derecho a usar y pagar por servicios digitales de manera anónima.