El Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de los impuestos que pagan las grandes tecnológicas en España. El viernes, el Ejecutivo anunció que incluirá en la tasa de Telecomunicaciones a todas las compañías que presten servicios de comunicación digitales, entre las que se podrían encontrar Facebook, Google, Amazon o Apple.

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En el nuevo anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones se incluye como compañías de telecomunicaciones a las que realicen servicios de telecomunicaciones como mensajería instantánea (WhatsApp y Telegram), pero también a las que presten servicios de correo eletrónico (Google) o los de videollamadas y asistentes de voz (Amazon y Apple).

Pese a que todavía no hay claridad respecto a cuáles deberán en definitiva inscribirse en el registro de operadoras de telecomunicaciones, lo cierto es que hay un tímido esfuerzo del Ejecutivo español para poder tener bajo supervisión a estas grandes empresas.

Un esfuerzo que se suma a la tasa Google que espera recaudar unos 1.000 millones de euros por determinados servicios digitales, pero que para las grandes empresas de telecomunicaciones sigue siendo 'insuficiente' si es que el objetivo del Gobierno es introducir equidad fiscal entre las grandes tecnológicas y las empresas de telecomunicaciones.

De hecho, las fuentes consultadas por Invertia indican que la denominada 'tasa WhatsApp' (al igual que la tasa Google) no aborda el verdadero problema de las tecnológicas globales en España: su facturación.

Pago de impuestos reales

Denuncian que el gran problema sigue siendo que estas compañías como Google, Amazon, Apple, Facebook o Twitter no declaran en nuestro país toda la actividad que efectivamente realizan, por lo que aunque se le impongan más tributos, nunca serán lo suficientemente equitativos.

Los datos de 2018 -los últimos entregados por la mayoría de estas compañías en España- indican que la suma de ingresos de empresas como Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google, Twitter, HBO y Netflix apenas llega a los 1.300 millones de euros, espoleados por los 364 millones que ingresa los centros logísticos de Amazon y los 382 millones de las tiendas de Apple.

Estos 1.300 millones de euros les llevan a pagar unos impuestos sobre beneficios de 30 millones de euros. Si se comparan con las operadoras de telecomunicaciones vemos que el sector completo -que incluye telecos, administradores de redes y tecnología- ingresó 34.000 millones en 2019. 

De este último montante, 13.000 millones corresponden a Telefónica, 4.500 millones a Vodafone y otros 5.500 millones a Orange. Entre las tres empresas pagan por encima de 1.400 millones de euros en impuestos, lo que viene a ser 46 veces más que lo que pagan las grandes tecnológicas en nuestro país.

En el caso de la tasa de telecomunicaciones, se establece en la nueva ley que pagarán las empresas que facturen en España por encima del millón de euros y se aplicará solo a los ingresos que registren por estos servicios de comunicación digitales. Esto nos lleva a que por cada millón de facturación se ingresarán mil euros al año.

Menor carga fiscal

Si sumamos que todas estas empresas potencialmente tributables no superan los 1.300 millones de euros de facturación, el impacto de esta nueva tasa no sería nunca superior a los 1,3 millones para el conjunto del sector. Una cifra considerada "insuficiente" por las grandes compañías que en su conjunto pagarán unos 34 millones de euros por esta misma tasa. 

Las grandes tecnológicas facturan el grueso de sus ingresos a sus sociedades matrices constituidas en países como mayores ventajas fiscales como Luxemburgo, Holanda e Irlanda. 

Por ejemplo, Facebook podría facturar en España al menos unos 300 millones de euros por facturación de publicidad, según los cálculos de los anunciantes digitales en España. Sin embargo, solo declara ingresos de 112 millones de euros. La diferencia radica en que las facturas de Facebook se cursan a su sociedad matriz y a cambio esta empresa factura a su filial española solo servicios de publicidad y marketing en Internet.

De esta manera, las operadoras de telecomunicaciones y fabricantes tecnológicos piden que el Ejecutivo busque la manera de obligarles a declarar por sus ingresos efectivos. Una disputa a nivel mundial que todavía no logra solucionar la OCDE por las quejas de Estados Unidos al proyecto de los países desarrollados.

El objetivo de la OCDE es que estas compañías paguen los impuestos correspondientes a los países donde realizan su actividad y donde tienen a sus clientes y no como ahora, que pagan el grueso de sus impuestos en países donde la carga fiscal es menor.

Tasa Google española

La OCDE reasignaría algunos beneficios y los correspondientes derechos fiscales a países y jurisdicciones donde las tecnológicas tienen sus mercados. Garantizaría de esta manera que las compañías que realizan negocios importantes en lugares donde no tienen presencia física sean gravadas en tales jurisdicciones, mediante la creación de nuevas reglas que establezcan “dónde se deben pagar los impuestos y sobre qué proporción de estas ganancias”.

Este proyecto propone el aumento de la seguridad fiscal mediante un mecanismo de tres niveles. El primero es que gravar a las tecnológicas en base a un nuevo sistema que calcula sus beneficios globales 'residuales' que luego se asignan a jurisdicciones locales. El segundo nivel incluye una remuneración fija atribuida a las funciones básicas de comercialización y distribución que tienen lugar en la jurisdicción del mercado; y un tercer nivel de resolución de conflictos, en especial diferencias entre cálculos del segundo nivel.

De esta manera, los ingresos y beneficios de la empresa se unen a su actividad real y a los usuarios que la utilizan en el país, independientemente de la facturación efectiva declarada. Con esto se asegura un trato impositivo que refleje su verdadera actividad frente a empresas que unifican sus ingresos en sociedades constituidas en países con una carga fiscal más favorable.

En España se ha intentado equiparar este impuesto a la tasa Google, que quiere gravar los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. 

Deberán abonarla empresas cuyo importe neto de cifra de negocios supere los 750 millones de euros al año y que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales esté por encima de los tres millones.