En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 amplía por espacio de un mes el plazo inicial, que expira el próximo 18 de agosto, y descarta que dicha decisión pueda "provocar indefensión alguna" en las partes, que "tendrán la oportunidad posterior para defenderse".
El pasado 18 de julio, el magistrado ordenó incorporar a esta parte del procedimiento documentos tales como la decisión del BCE de declarar a la entidad "próxima a la quiebra", así como informes y conclusiones de inspección y su seguimiento desde 2012.
También pasarían a esta pieza requerimientos o recomendaciones sobre el registro de deterioros de la inversión crediticia, todos escritos con información reservada conforme a la normativa comunitaria.
Atendía de este modo a la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de aplicar el secreto de sumario a esta pieza "con la finalidad de garantizar la reserva y confidencialidad" y de preservar "la investigación y esclarecimiento de los hechos que constituyen el objeto de la causa".
Como expuso entonces Andreu, la información, en la que entran además informes sobre la autocartera y desinversiones de activos del Popular, habrá de ser examinada y estudiada por los peritos judiciales cedidos por el Banco de España a fin de comprobar si resulta útil para el caso.
En octubre de 2017, se admitieron a trámite las primeras querellas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración y la firma PwC, que auditó sus cuentas durante más de tres décadas, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
Asimismo, el juez acordó la división en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
A mediados de febrero, el magistrado solicitó, a instancias de las acusaciones, diversa información relacionada con la gestión del Popular a organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el BCE. En dicho auto, destacaba la necesidad de conocer el primer peritaje de los expertos designados al caso antes de acordar las declaraciones de todos los investigados.