Juan Carlos Villanueva

Hace pocas semanas escuchaba decir a Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, acerca de la voluntad de esa compañía por avanzar en el terreno de la sostenibilidad y la financiación verde, que el 14% de su accionariado está compuesto por fondos de inversión que invierten con criterios ESG (Environmental, Social and Governance), fondos que podrían abandonar la compañía si comprobaran que esa voluntad no es firme ni sincera.

Imaz ponía de manifiesto que, si ocurriera eso, el daño para la cotización bursátil de la compañía sería grande, algo que un consejero delegado no puede permitirse, y añadía que, para demostrar su decidida voluntad en este terreno y su compromiso con la sostenibilidad, él, personalmente, destina una semana al año a un 'road show' específico con este tipo de inversores institucionales.

ESCRUTINIO PARA EVITAR EL 'GREEN WASHING'

Los bonos verdes, para ser calificados como tales, está sometidos a un riguroso escrutinio que trata de descartar el denominado 'Green washing'. Es decir, destinar los fondos obtenidos con estos bonos a actividades o proyectos que no pueden considerarse acordes con los fines de esta financiación, que deben ser en todos los casos actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático, la conservación del medio ambiente, la generación de energías renovables, el agua como recurso a proteger, la eficiencia energética, el transporte limpio u otras actividades destinadas a la conservación del planeta.

Para certificar estas emisiones y 'etiquetarlas' como bonos verdes, las instituciones más destacadas en este terreno, como ICMA o Climate Bonds International (CBI), han establecido una serie de principios que toda emisión de bonos verdes debe cumplir. Se concretan en el otorgamiento de una segunda opinión favorable, destinar los fondos a proyectos verdes o sostenibles, los criterios para su selección, e informar posteriormente del desarrollo de estos proyectos con carácter anual y de forma lo más detallada posible.

Con todo ello se trata de ofrecer a los inversores una cierta seguridad y confianza respecto de las emisiones de bonos verdes, y combatir las dudas razonables que puedan tener acerca de la utilización fraudulenta de este tipo de activos por parte del emisor, si éste quisiera aprovechar la buena imagen que estos instrumentos tienen entre una amplia base de inversores, particulares e institucionales, y utilizar estos recursos para fines distintos de los expresados. Es decir, lo que en el argot de los bonos verdes se denomina 'Green washing'.

DUDAS EN EL MERCADO

Pues bien, para entender estas manifestaciones del consejero delegado de Repsol debemos recordar que esta compañía del sector petróleo fue objeto de algunas reservas en el mercado cuando efectuó en mayo del pasado año una emisión de bonos verdes por 500 millones de euros, la primera que realizaba una compañía del sector petróleo.

Las reservas nacían de un cierto recelo acerca de la credibilidad en este terreno respecto de una compañía del sector 'Oil & Gas', que levantan un gran rechazo entre los activistas de la lucha contra el cambio climático por considerar que el petróleo es un elemento contaminante básico y una de sus bestias negras, y dudan que estas compañías pueden cumplir con los objetivos de la sostenibilidad y la financiación verde.

Precisamente por ello, Repsol, y su consejero delegado a la cabeza, han tratado de contrarrestar estas reservas con diversos argumentos como la colaboración de BBVA, uno de los bancos más significados y proactivos en el terreno de la financiación sostenible, y con la certificación de Vigeo como bono verde. También han ofrecido todo tipo de aclaraciones y detalles sobre la emisión y sobre los 312 proyectos a los que se destinaba, cuyo fin era, precisamente la reducción de emisiones contaminantes, que permitirán reducir 1,2 millones de toneladas de CO2 anuales; si bien, pese a todo, CBI no quiso incluirlo en su registro de bonos verdes.

A pesar de estas reservas, Repsol obtuvo una buena acogida por parte del mercado y de los inversores, con una sobredemanda que superaba cinco veces el volumen ofertado, en línea con la intención declarada por Leticia Padura, jefe de Relación con los Inversores Socialmente Responsables de Repsol,  con motivo de la emisión, que afirmó que se trataba de ¿trasladar a la sociedad nuestro compromiso con  el cambio climático, y poner en valor todo lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad¿.

*Juan Carlos Villanueva es Editor de Guía de la Financiación Empresarial