"Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta. Por todo ello, durante los próximos dos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar y que todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo", dijo en la carta, reproducida en la web de ElNacional.Cat.

En su carta, Puigdemont no aclara si declaró la independencia en una rocambolesca sesión del martes pasado en el pleno del Parlament, limitándose a señalar que "la suspensión del mandato político surgido de las urnas del 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento". En su comparecencia ante los diputados catalanes, Puigdemont dijo que asumía "el mandato" para declarar la independencia pero pidió unos instantes después la suspensión para abrir un cauce de negociación. El Gobierno español respondió instando al 'president' a que aclarara antes de las diez de la mañana de este lunes si había declarado o no una independencia unilateral, con la amenaza de aplicar las medidas de intervención extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución y que, en última instancia, podrían propiciar elecciones anticipadas en Cataluña. Rajoy abrió en su requerimiento a Puigdemont un segundo ultimátum, hasta las diez de la mañana del jueves 19 de octubre, para que el Govern "revoque" la supuesta declaración de independencia y evite la aplicación del artículo. En la carta, Puigdemont pide a Rajoy una reunión "lo antes posible" para explorar los primeros acuerdos, al tiempo que solicita "que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña". En concreto, el mandatario catalán menciona las imputaciones del jefe de la policía regional de los Mossos d'Esquadra y de dos dirigentes de asociaciones independentistas, investigados por un supuesto delito de sedición. Puigdemont también menciona otros casos de la "represión" que a su juicio ejerce el Estado español contra Cataluña, como "la intervención y congelación de cuentas bancarias" de la Generalitat, la "brutal violencia policial" durante el referéndum independentista del 1 de octubre y el cierre de webs relacionadas con esta consulta, que las autoridades catalanas mantuvieron pese a estar suspendida en los tribunales.