Por Leigh Thomas y Ingrid Melander

La reforma, la primera iniciativa de política importante del presidente Emmanuel Macron desde su elección en mayo, es también la primera gran prueba de sus planes para reformar la segunda economía de la zona euro.

Durante décadas, gobiernos de izquierda y derecha han tratado de reformar las estrictas normas laborales de Francia, pero siempre las han diluido ante las protestas callejeras.

La ministra de Trabajo, Muriel Penicaud, describió la reforma como "una transformación de las normas laborales a una escala sin precedentes".

    El primer ministro, Edouard Philippe, la consideró necesaria para luchar contra el elevado nivel de desempleo de Francia.

"La realidad es que para los ejecutivos, especialmente de las pequeñas empresas, y los inversores extranjeros, la actual ley laboral se considera un freno a la contratación y la inversión", dijo Philippe.

Los decretos otorgan a las empresas más poder para adaptar el horario laboral y el salario a las condiciones del mercado a partir de acuerdos alcanzados por una mayoría simple entre empresarios y trabajadores.

   La indemnización por despido considerado improcedente por un tribunal laboral se fijaría en tres meses de salario por haber estado dos años en la compañía, ampliándose progresivamente la cantidad en función del tiempo contratado en la empresa, dijeron los sindicatos.

En una concesión a los sindicatos, la indemnización normal por despido se incrementaría desde el 20 por ciento del salario por cada año en una compañía a un 25 por ciento.

CRECIENTE DESCONTENTO

   El Gobierno, que ya cuenta con el respaldo parlamentario para la reforma, consultó con los sindicatos durante semanas mientras redactaba sus planes.

    "Todos nuestros temores han sido confirmados", dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT, después de que el gobierno presentara los decretos a sindicatos y empresarios.

Dijo que el sindicato seguiría adelante con su plan para llevar a cabo una protesta el 12 de septiembre.

    El mayor sindicato de Francia, el reformista CFDT, dijo que estaba decepcionado con lo que significaba una oportunidad perdida para mejorar las relaciones laborales, pero añadió que no llamaría a una huelga contra las reformas.

"Esta reforma no ha estado a la altura de las circunstancias", dijo a periodistas el líder de la CFDT, Laurent Berger, pero añadió: "Tomar a las calles no es la única forma de acción para los sindicatos".

    La reforma daría más flexibilidad a las pequeñas empresas en particular, permitiendo negociaciones directas en las compañías con menos de 50 trabajadores entre los empresarios y un representante del personal que no necesariamente tiene que estar sindicado.

El ámbito laboral es una prueba de la voluntad de Macron para impulsar unas reformas que han dividido a los votantes franceses, pero que están siendo seguidas de cerca por inversores y países como Alemania, que quieren ver cambios en la segunda mayor economía de la zona euro.