Fernández ha planteado la necesidad de dicha normativa a la Secretaría de Estado de Hacienda, al considerar que, de no dictarse directrices claras, esta actividad "quedará únicamente en manos de empresas e intermediarios en perjuicio de los propietarios particulares", según un comunicado remitido por la oficina del Defensor del Pueblo.
De lo contrario, la clarificación de la fiscalidad evitaría la inseguridad jurídica actual y ayudaría a la tributación por los rendimientos realmente percibidos.
El Defensor del Pueblo en funciones ha dado este paso tras recibir numerosas quejas de ciudadanos afectados por las normas aprobadas por algunas comunidades autónomas para regular dicha actividad, que imponen el cumplimiento de unos requisitos como el alta en seguridad social y en un censo tributario, que en la práctica, impiden a los particulares alquilar sus viviendas.
Según Fernández Marugán, este mercado ha crecido y se ha flexibilizado con el desarrollo de las comunicaciones y la aparición de plataformas en Internet que actúan como intermediarias, y ya no se trata sólo del alquiler de temporada, sino que se puede hacer durante todo el año, sin que sea necesaria la cercanía para conocer que existe un piso disponible.
Por ello, en su opinión, "no parece lógico que la imposición de unos requisitos desproporcionados deje a los ciudadanos fuera de este mercado, lo que afectaría a su derecho de propiedad, o que los rendimientos por alquiler temporal acaben obteniéndose de forma opaca y sin tributar por ellos".