El sandbox fintech español ya tiene fecha de estreno. El Gobierno prevé que la andadura de este espacio de regulación blanda que hace desde hace dos años viene prometiendo colocar a España en la vanguardia de la innovación financiera en Europa finalmente arranque en mayo del próximo año.

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El Ministerio de Asuntos Económicos ha convocado este martes el primer plazo para la recepción de candidaturas para los proyectos que deseen formar parte de esta iniciativa. El buzón del Tesoro Público, que es la institución que se encargará del desarrollo del sandbox español, estará abierto entre los días 13 de enero y 23 de febrero del año que viene.

De este modo, una vez cerrado ese plazo, comenzaría un periodo de análisis de un mes ampliable a uno más en función de la complejidad o el volumen de solicitudes registradas. En este sentido, fuentes del Tesoro dan por hecho que “al ser la primera convocatoria es muy probable que el plazo se extienda a dos meses”. Es decir, el estreno formal del sandbox se iría “a finales de abril o principios de mayo de 2021”.

Bilingüe

Desde el sector fintech confirman que se espera un elevado volumen de solicitudes, que se han multiplicado a escala local debido a los retrasos que acumula el proyecto, que comenzó a estar sobre la mesa del Gobierno en primavera de 2018, cuando Román Escolano ocupaba el asiento del Consejo de Ministros que ahora es de Nadia Calviño. El ‘brexit’ en ciernes podría ser otro de los motores del proyecto español.

Así, aunque desde Economía evitan marcarse números como objetivo -ya que el sandbox nace sin limitación de solicitantes ni participantes en términos globales ni por sector-, sí que hacen valer “la ventaja de que los proyectos pueden presentarse en español y en inglés sin necesidad de contar con residencia en España”. En este sentido, varios promotores latinoamericanos y europeos habrían mostrado su interés por acudir a la primera convocatoria.

Plazos

Una vez que se cierre la lista de admitidos al sandbox, esta se hará pública en un plazo de 15 días después de consultar a los supervisores de cada ramo. Sin embargo, los proyectos que queden excluidos recibirán una resolución motivada específica que no verá la luz pública.

Y es que, para incorporarse a este entorno de pruebas los proyectos han de tener un grado de madurez suficiente como para empezar a funcionar de forma inmediata, además de suponer un potencial beneficio para los usuarios de los servicios que abarque, aumentar la eficiencia de las entidades o proporcionar mecanismos para la mejora de la regulación.

A partir de aquí, según marca la Ley de Transformación Digital del Sistema Financiero, se abre un periodo máximo de tres meses para establecer protocolos de colaboración entre los promotores de los proyectos y las instituciones supervisoras de sus respectivos ramos de actividad. Entonces entrará de forma efectiva en el entorno de pruebas del propio sandbox.

Una vez que el proyecto esté ya vivo dentro del sandbox seguirá una estrecha vigilancia y colaboración del mismo para evaluar que cumple con los objetivos que se había marcado. En caso contrario, se podría señalar la expulsión de un proyecto, que no daría lugar a reemplazo por otro.

En este sentido, las admisiones se harán siempre por convocatorias semestrales. Cumplidos los seis meses de permanencia se evaluaría la continuidad del mismo o el establecimiento de cambios regulatorios para poder trasladarlos a gran escala al conjunto del mercado.

Impulso económico

Las fintech, que desde finales del año pasado venían pidiendo la aprobación del sandbox por decreto-ley para evitar más retrasos, calculan que la puesta en marcha de la iniciativa podría generar hasta 5.000 puestos de trabajo y 1.000 millones de inversión en España en sus dos primeros años de vida. En este tiempo, según los plazos que maneja el Gobierno se habrían producido ya cuatro convocatorias, de las que al menos tres estarían cerradas.

Unas cifras que desde la patronal del sector, AEFI, han reclamado con fuerza en múltiples ocasiones como palanca de apoyo para la recuperación económica en España. El optimismo reina en el sector a pesar de que ya hay seis mercados europeos que, a fuerza de los retrasos del español, se han ido adelantando en el establecimiento de sus propios entornos de regulación blanda.