El Gobierno ha logrado salvar el primer trámite para poner en marcha la denominada tasa Google antes de finalizar este 2020. El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad del proyecto propuesta por los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos y Vox, con los votos de PSOE, Podemos y partidos minoritarios.

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De esta manera, el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, salva su primer trámite y pasa a la discusión de las enmiendas a determinados artículos. Las fuentes consultadas por Invertia indican que si los plazos se cumplen el proyecto podría estar aprobado entre septiembre y octubre para poder cobrar al menos el último trimestre de recaudación tributaria.

Este primer tramite se ha cumplido la misma semana que Estados Unidos ha amenazado con aranceles a los países que impusieran tasas unilaterales a sus empresas, entre ellas las tecnológicas como Google, Facebook, Amazon o Apple. 

La Casa Blanca anunció el pasado martes una investigación contra España, Austria, República Checa e Italia -así como contra la propia Unión Europea- por sus respectivos proyectos de 'tasa Google'. El procedimiento sancionador de EEUU afecta además a otros países del mundo como Brasil, India, Indonesia, Turquía y Reino Unido.

El miércoles Bruselas respondió a Estados Unidos indicando que responderá "al unísono" frente a posibles sanciones de Washington por la tasa digital que preparan la UE y varios de sus Estados miembros, entre ellos España, con el objetivo de que gigantes tecnológicos paguen más impuestos en Europa.

Oposición del sector digital

Con todo, este proyecto cuenta con el rechazo frontal de todo el sector digital. Esta semana Ametic, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), manifestaron su rechazo al desarrollo "unilateral" de un impuesto digital en España y pidieron al Gobierno que reconsiderara su posición hasta que se alcanzara un acuerdo en el ámbito internacional.

Las cuatro entidades advirtieron de los efectos negativos que esta medida tendrá para el conjunto de la economía española, que quedaría abocada a ser “menos productiva, menos innovadora, menos emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global”. Estas entidades indican que a la larga se terminará perjudicando a empresas subsidiarias y start-ups, por lo que piden que cualquier movimiento en este sentido se haga en el marco de la OCDE.

Por su parte, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AedaF) avisó de que la implantación en España del impuesto no tendrá "daños colaterales" solo si se realiza de manera "unánime y generalizada" en el seno de la OCDE y la UE. Al respecto el Gobierno insiste en que esta tasa será transitoria hasta que la OCDE y la UE articulen un gravamen común para todos los países miembros.

Carácter del proyecto

El proyecto parte de la base de que las grandes empresas digitales no tributan en nuestro país los impuestos equivalentes a la actividad económica que registran en nuestro país como Google, Amazon, Facebook o Twitter

Es así como el gravará a partir de un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. 

Deberán abonarla empresas cuyo importe neto de cifra de negocios supere los 750 millones de euros al año y que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales esté por encima de los tres millones.