De las 78.794 viviendas que obtuvieron el certificado fin de obra en España entre enero y noviembre del año pasado, solo 320 fueron promovidas por las Administraciones públicas, es decir, un 0,4% del total.
Conviene saber antes de continuar que cualquier actuación sobre una vivienda o un inmueble que requiera un proyecto de obra, ya sea para su construcción desde cero o una rehabilitación importante (renovar un baño no, por ejemplo), necesita un certificado fin de obra para darla como concluida.
Los datos publicados este jueves por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) evidencian el mínimo papel de las Administraciones públicas en la construcción o rehabilitación de viviendas en nuestro país. Podrían pensar que la pandemia ha afectado, puesto que el sector paró durante dos semanas y ha tenido algunos problemas de suministro.
Algo sí se notó. Como puede observarse en el gráfico superior, en los meses de abril y mayo bajaron ostensiblemente las viviendas que consiguieron el certificado fin de obra. Disminución que se vio compensada con las subidas en junio y julio. Luego llegó el parón administrativo de agosto y los últimos meses del año volvieron a recuperar un buen ritmo.
Sin embargo, las estadísticas de los años previos también son claras en cuanto al peso de las Administraciones públicas en España como promotoras en los certificados de fin de obra. Así, supusieron el 0,64% en 2019, el 0,53% en 2018, el 1,47% en 2017, el 1,16% en 2016 y el 0,73% en 2015.
En los últimos cinco años, a falta de los datos de diciembre de 2020, las diferentes Administraciones públicas lograron certificado fin de obra para 2.245 viviendas por 250.579 de promotores privados, es decir, ni el 1% (0,89%).
Entre estos últimos, destacan las sociedades mercantiles. Solo en noviembre, representaron el 72% de las viviendas promovidas por promotores privados que lograron el certificado fin de obra. Les siguen las personas físicas y comunidades de propietarios (24%), las cooperativas (3%) y otros (1%).
Por comunidades
Los datos por comunidades que ofrece el Ministerio también reflejan qué regiones tienen más actividad. Así, puede observar en el siguiente mapa que Madrid (1.877), Andalucía (1.823) y Cataluña (1.292) lideraron, por este orden, la entrega de certificados de fin de obra para viviendas en noviembre del año pasado.
En la parte baja de la lista, las comunidades en color más claro. Ahí están Extremadura (63), Galicia (122), Asturias (109) y Cantabria (71), cada una de ellas con menos de 130 viviendas que lograron el certificado de fin de obra en noviembre de 2020.
De nuevo, la estadística oficial de noviembre muestra el irrelevante papel de las Administraciones públicas. De las 8.191 viviendas con certificado fin de obra, solo 15 fueron promovidas por organismos públicos, es decir, ni el 0,2%.
En diez de las 17 comunidades autónomas del país, las Administraciones públicas no registraron ni un solo certificado de fin de obra para vivienda en noviembre del año pasado. Entre las pocas que sí lo hicieron, destacan la Comunidad Valenciana y Navarra con cuatro cada una de ellas.