¿Por qué la factura eléctrica acumula 4.360 millones en sobrecostes por la operación del sistema?
Porque el Observatorio del coste de los servicios de operación atribuye ese importe a los gastos extraordinarios derivados de la "operación reforzada" necesaria para garantizar la seguridad del suministro tras el incidente de abril, que elevan las necesidades de reserva y los servicios de ajuste.
¿Qué consecuencias ha tenido ya el aumento de los costes de operación para hogares y empresas?
Ya ha elevado la parte regulada del recibo y encarecido la electricidad en periodos concretos —por ejemplo 25,95 euros/MWh la primera quincena de octubre—, lo que traduce en 260 millones de impacto adicional en ese periodo y presiona la competitividad industrial.
¿Qué pide el Observatorio y qué papel tiene la CNMC en este problema?
El Observatorio reclama mayor fiscalización y transparencia sobre los criterios de cálculo de reservas y la operación reforzada, y solicita un plan con fecha para acabar ese modo operativo; la CNMC ya exigió mejorar la información del operador tras el incidente de abril.
¿Qué alternativas de financiación proponen y cómo lo han hecho en Portugal?
El Observatorio plantea revisar el reparto y financiar de forma más estable estos servicios, mientras que Portugal ya ha decidido integrar parte de las restricciones técnicas en los peajes regulados (25% en 2026 y 40% en 2027) para reducir la volatilidad para comercializadoras.
¿Cómo afecta el encarecimiento de los servicios de operación a la transición renovable y la competitividad industrial?
El Observatorio advierte que los sobrecostes distorsionan la señal de precios, reducen la competitividad y pueden limitar el aprovechamiento eficiente de la generación renovable si la financiación no se adapta.
Los costes de los servicios necesarios para garantizar la seguridad y el funcionamiento del sistema eléctrico se han convertido en una carga creciente para los consumidores españoles.
En la primera quincena de octubre, estos servicios generaron un sobrecoste de 25,95 euros por megavatio hora (MWh), que elevó hasta los 260 millones de euros el impacto económico adicional del periodo.
Desde el inicio de 2026, la factura acumulada asciende a unos 4.360 millones de euros, un 41% más que en las mismas fechas de 2025.
Así lo recoge el número 13 del Observatorio del coste de los servicios de operación, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre, elaborado por organizaciones empresariales y asociaciones del sector energético e industrial.
El informe sitúa en 22,40 euros/MWh el sobrecoste medio de estos servicios desde el 1 de enero, un nivel que sus promotores comparan con el coste de las redes eléctricas.
El documento advierte de que estos gastos han adquirido un peso estructural en el recibo de la luz.
Este mecanismo extraordinario, intensificado tras el incidente eléctrico, implica mayores necesidades de operación y ha elevado los costes que soportan hogares y empresas.
Bajo el foco de la CNMC
El incremento de estos costes coincide con las exigencias de mayor transparencia planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al operador del sistema, Red Eléctrica, de Redeia.
En su informe de recomendaciones y medidas a raíz del incidente eléctrico del 28 de abril de 2025, el organismo supervisor señaló la conveniencia de mejorar la información que recibe el sector sobre los análisis que realiza el operador para garantizar la seguridad del suministro.
En concreto, pidió que se conozcan mejor los criterios utilizados para calcular las reservas necesarias, determinar el número de unidades síncronas que deben permanecer operativas y establecer los parámetros de los análisis de seguridad.
La exigencia, recogida en la página 47 del informe, pone el foco en la necesidad de que los agentes del mercado puedan conocer y evaluar las decisiones operativas que repercuten en los costes del sistema.
Las organizaciones firmantes del Observatorio reclaman ahora que la CNMC refuerce la fiscalización de estos gastos, especialmente los asociados a la operación reforzada.
También piden información detallada, periódica y accesible sobre su evolución y un plan de acción que establezca una fecha para poner fin a este modo de operación.
El objetivo, sostienen, es reducir los sobrecostes sin comprometer la seguridad del suministro y liberar capacidad para un uso más eficiente de las energías renovables.
Portugal: costes a los peajes
Mientras España debate cómo contener estos gastos y mejorar la transparencia sobre su origen, Portugal ha comenzado a modificar el sistema de financiación de una parte de los servicios de ajuste.
El regulador energético portugués, ERSE, ha aprobado mediante la Directiva 5/2026 que una parte de los costes de las restricciones técnicas se integre en las tarifas reguladas de acceso a las redes eléctricas.
El cambio busca reducir la exposición directa de las comercializadoras a la volatilidad de estos servicios y aportar mayor estabilidad a sus costes, especialmente en los contratos a precio fijo.
La aplicación será gradual: el porcentaje de los costes de las restricciones técnicas que se trasladará al ámbito regulado será del 25% en 2026 y del 40% en 2027.
Además, la regulación amplía el alcance de la propuesta inicial para incluir el conjunto de las restricciones técnicas, también las que se producen en tiempo real, y una parte de otros servicios de ajuste.
La reforma portuguesa introduce así una alternativa en el reparto de los costes de operación: en lugar de que dependan íntegramente de su liquidación en el mercado y se trasladen al suministro eléctrico, una parte se recuperará a través de los peajes regulados.
La medida tiene efectos desde el 15 de octubre de 2026.
Reforma estructural
El Observatorio plantea evaluar soluciones regulatorias que permitan financiar de forma más estable los servicios necesarios para operar el sistema eléctrico, sin penalizar a la industria.
Según el Observatorio, el encarecimiento distorsiona la señal de precios de la electricidad, reduce la competitividad de la economía y puede dificultar un aprovechamiento más eficiente de la generación renovable.
La propuesta no pasa por eliminar las necesidades de ajuste y seguridad, sino por revisar cómo se financian y cómo se distribuye su coste entre los consumidores.
La iniciativa también reclama una reforma estructural de la fiscalidad energética y una mayor coherencia entre las decisiones operativas, la descarbonización y la competitividad industrial.
El debate, por tanto, va más allá del aumento puntual de los precios. Con miles de millones de euros acumulados en sobrecostes, la cuestión es cómo garantizar la seguridad del sistema eléctrico sin trasladar una volatilidad excesiva a hogares, comercializadoras y empresas.