Europa comienza a sentar las bases de un mercado comercial de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) capaz de impulsar la descarbonización de sectores industriales en los que la electrificación y la eficiencia energética no son suficientes para eliminar las emisiones.
El respaldo regulatorio y la financiación pública están permitiendo desarrollar las primeras infraestructuras a escala comercial, aunque España no se encuentra en el listado de los avanzados en esta carrera.
Dos hitos registrados en septiembre han marcado un punto de inflexión. Por un lado, la compañía noruega Yara International puso en marcha en su planta de fertilizantes de Sluiskil, en Países Bajos.
Es la mayor instalación comercial de captura de CO2 industrial de Europa, con capacidad para capturar hasta 800.000 toneladas anuales. El dióxido de carbono se transporta por barco hasta Noruega para su almacenamiento permanente bajo tierra a través de la red Northern Lights.
Y por otro lado, el proyecto Greensand inició sus operaciones comerciales en el mar del Norte danés, convirtiéndose en la primera instalación de almacenamiento de CO2 a escala comercial plenamente operativa de la Unión Europea.
En su primera fase, cuenta con capacidad para almacenar hasta 400.000 toneladas anuales, con posibilidades de ampliación si crece la demanda.
Ambos proyectos demuestran que es posible conectar emisores industriales, transporte transfronterizo y almacenamiento geológico permanente en una cadena de valor comercial.
Incentivo para la industria
Según Susan Joho, economista de Julius Baer, el mercado de captura y almacenamiento de carbono respaldado por financiación pública, regulación y mecanismos de fijación del precio de las emisiones que está creando Europa tiene un buen horizonte.
Esta combinación puede convertir la tecnología en una alternativa económicamente viable para empresas de sectores como el cemento, el acero y la química.
Uno de los factores determinantes es el precio del carbono en el mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS), que, de acuerdo con el análisis de la economista, supera los 80 euros por tonelada.
A ese nivel, determinadas instalaciones pueden empezar a justificar económicamente la inversión en captura y almacenamiento, especialmente cuando sus emisiones son relativamente fáciles de separar del resto de los gases del proceso industrial.
La producción de amoniaco es uno de los primeros casos de aplicación. Este proceso genera una corriente de CO2 relativamente pura, lo que permite capturarla con mayor eficiencia y a menor coste que en otros sectores.
La experiencia de Yara puede servir como referencia para extender posteriormente la tecnología a actividades con emisiones más difíciles de tratar.
Ajuste en Frontera
A este incentivo se suma el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que extiende progresivamente el coste del carbono a determinadas importaciones intensivas en emisiones.
El instrumento complementa el mercado europeo de derechos de emisión y busca reducir las diferencias de costes climáticos entre la producción europea y los bienes procedentes de países con políticas menos exigentes.
El objetivo es reforzar los incentivos para invertir en tecnologías bajas en carbono sin trasladar la producción y las emisiones fuera de Europa.
Todo ello es una condición imprescindible para que la captura de carbono deje de depender de iniciativas piloto y pueda extenderse a otras industrias europeas.
La Comisión identifica tres emplazamientos con permisos de almacenamiento: Porthos, en Países Bajos; Greensand, en Dinamarca, y Prinos, en Grecia. Además, prevé que al menos otros siete emplazamientos puedan entrar en operación durante los próximos años, con una capacidad conjunta de inyección de 19 millones de toneladas anuales.
Ninguna de esas ubicaciones se encuentra en España, que es uno de los países 'farolillo rojo' de este desarrollo. Aunque hay algunos proyectos, avanzan muy poco a poco, como es el caso de TarraCO2-Storage de Repsol, MOSUSOL-netCO2 de Cementos Molins y Enagás, CO2necta de Holcim, Enagás y Saggas, ECO2FLY de Holcim, IGNIS P2X y Exolum o los proyectos de Heidelberg Materials y Enagás.
Extender al cemento y al acero
El principal desafío será trasladar este modelo a sectores cuyas emisiones son más complejas y costosas de capturar. En la fabricación de cemento, acero y productos químicos, la concentración de CO₂ en los gases de proceso suele ser menor que en la producción de amoniaco, lo que incrementa los costes de separación y tratamiento.
Según el análisis de Julius Baer recogido por WireIsrael, los costes de captura en aplicaciones más complejas pueden superar los 500 euros por tonelada y tendrían que acercarse a los 200 euros para mejorar su viabilidad económica.
Heidelberg Materials figura entre las compañías que ya cuentan con apoyo para desarrollar soluciones de captura vinculadas a Northern Lights.
Otra vía de desarrollo es la captura de CO2 biogénico, procedente de la combustión de biomasa u otros procesos basados en materia orgánica. Si el carbono absorbido previamente por las plantas se captura y almacena de forma permanente, estas instalaciones pueden contribuir a generar emisiones netas negativas.
En este ámbito, la energética sueca Stockholm Exergi desarrolla un proyecto a gran escala en una central de cogeneración basada en biomasa, mientras que la danesa Ørsted trabaja en iniciativas de captura en dos de sus instalaciones de generación térmica.
Ambas compañías estudian transportar el CO2 capturado a infraestructuras de almacenamiento como Northern Lights.
El desarrollo de redes compartidas, el abaratamiento de las tecnologías y el aumento del precio del carbono serán determinantes para extender el modelo. Europa ya dispone de los primeros ejemplos comerciales, pero convertirlos en un mercado comunitario consolidado exigirá nuevas inversiones, permisos más ágiles y coordinación entre países.