El resultado de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre puede abrir una nueva etapa en las empresas energéticas con participación del Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, ya hay varios representantes conocidos de empresas energéticas que ya habrían llamado a las puertas de la cúpula directiva del Partido Popular para postularse para los cargos que podrían quedar vacantes en caso de vuelco electoral.
Redeia, Enagás, Enresa, Enusa, ENSA, Hunosa e incluso Navantia son solo algunas de las que forman parte de un mapa empresarial estratégico en el que la política energética, la seguridad de suministro, la gestión de los residuos radiactivos y la transformación industrial tienen un peso determinante.
Cada compañía tiene una estructura de propiedad y un sistema de gobierno corporativo propios, y los cambios dependen de los procedimientos correspondientes y de las decisiones de sus órganos de administración, pero con un nuevo Gobierno todo se acelera.
La cuestión trasciende los nombres de sus presidentes y consejeros delegados, e incluso de sus consejos de administración.
Redeia y la política eléctrica
Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España, es una de las compañías que podrían concentrar la atención en un nuevo escenario político.
Su presidenta, Beatriz Corredor, ocupa el cargo desde 2020, y fue reelegida en junio de 2024 por cuatro años más de mandato, por lo que estaría asegurada hasta 2028, si no hubiera cambio político en la próxima Legislatura.
La empresa desempeña una función esencial en el sistema eléctrico: Red Eléctrica opera la red de transporte y ejerce como operador del sistema, coordinando el equilibrio entre generación y demanda. Su papel ha adquirido todavía más relevancia con el avance de las renovables, las necesidades de nuevas infraestructuras y los retos de estabilidad del sistema tras el apagón de abril de 2025.
El Estado controla el 20% del capital de Redeia. Esa participación le otorga un peso relevante en la gobernanza de la compañía, aunque los nombramientos deben encauzarse a través de los órganos societarios correspondientes.
Sin embargo, hay que recordar que es una presidencia no ejecutiva, pese a que el cambio tendría un efecto en la planificación de la red, las inversiones y la seguridad de suministro
Enagás, gas e hidrógeno
Enagás es otra de las compañías estratégicas. Su presidente no ejecutivo es Antonio Llardén, y su consejero delegado, Arturo Gonzalo, vinculados ambos dos a la formación socialista.
Ambos fueron reelegidos por la junta de accionistas en marzo de 2026 para un nuevo mandato de cuatro años, lo que constituye un elemento relevante a la hora de valorar cualquier escenario de continuidad (hasta 2030) o relevo.
La compañía es el gestor técnico del sistema gasista español y está llamada a desempeñar un papel destacado en el desarrollo de las futuras infraestructuras de hidrógeno. Su estrategia combina la gestión de los activos gasistas existentes con la preparación de nuevas redes para transportar gases renovables.
La presencia de la SEPI en su accionariado es minoritaria, con un 5% del capital, por lo que su situación no es idéntica a la de Redeia. Cualquier análisis sobre la continuidad de su cúpula debe tener en cuenta tanto el calendario societario como la composición accionarial y las decisiones de sus órganos de gobierno.
Las nucleares Enresa y Enusa
Enresa y Enusa completan una parte fundamental del mapa público relacionado con la energía nuclear, aunque sus funciones son diferentes.
Enresa, presidida por Olga García, es la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de instalaciones nucleares. Su actividad está ligada al futuro de las centrales españolas, a la ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos y a la financiación de las actuaciones necesarias para gestionar los residuos y clausurar instalaciones.
Enusa, por su parte, desarrolla actividades relacionadas con el combustible nuclear y presta servicios industriales y medioambientales.
Su presidente y CEO desde 2021 es Mariano Moreno Pavón, venía de ser gerente del PSOE y desde hace cinco años gestiona una empresa relevante para el abastecimiento y la cadena de valor nuclear.
En ambas compañías, cualquier posible cambio de responsables debe analizarse atendiendo a sus respectivos mecanismos de nombramiento y a las decisiones que adopte el Gobierno dentro del marco institucional correspondiente.
Hunosa, la empresa minera
Hunosa representa una dimensión distinta de la política energética: la reconversión industrial y la búsqueda de nuevas actividades económicas en territorios históricamente ligados al carbón.
La compañía, presidida por Enrique Fernández, mantiene una estructura de negocio vinculada a la minería, pero también desarrolla actividades energéticas y proyectos de diversificación. Su evolución está relacionada con los objetivos de transición energética, la recuperación de antiguos espacios mineros y la generación de actividad económica en las cuencas.
Un cambio de orientación política podría influir en las prioridades de inversión, los proyectos industriales y el ritmo de transformación de la compañía.
Como en el resto de empresas públicas, sin embargo, conviene distinguir entre la posibilidad de revisar su estrategia y la existencia de una decisión concreta de sustituir a sus responsables.
No son las únicas. Además de sus participaciones mayoritarias y minoritarias, hay más de 100 empresas en las que la SEPI participa de manera indirecta y, por tanto, también podría influir en la toma de decisiones sobre sus futuras cúpulas directivas.