El Ejecutivo está muy cerca de aprobar un gravamen a las petroleras y gasistas como consecuencia de la crisis de Ormuz.
El adelanto electoral del 29 de noviembre refuerza el incentivo político para presentar la medida como una defensa de los consumidores, aunque su aprobación dependerá del apoyo del PNV (Partido Nacionalista Vasco) en el equilibrio de fuerzas de la Diputación Permanente, la figura que sustituye al Legislativo con la disolución de las Cortes.
El contexto político abre una ventana para que el Gobierno vuelva a poner sobre la mesa una iniciativa que ya ha defendido en Bruselas y que no logró sacar adelante en el Congreso el pasado mes de septiembre.
El objetivo sería subir el impuesto de sociedades de las compañías petroleras y gasistas en un escenario de encarecimiento internacional del crudo y del gas, aunque el coste de la crisis recae también sobre los consumidores.
"Si tenemos en cuenta la mejora de los beneficios del sector eléctrico en lo que va de año, que podría estar alrededor del 20-30%, respecto a petroleras o gasistas, que va a subir por encima del 135%, tiene sentido que les suban los impuestos", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector.
Vía libre de Bruselas
El margen de actuación europeo, además, está despejado. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, afirmó en septiembre que la Comisión Europea no tiene previsto presentar una propuesta para establecer un impuesto común en toda la UE.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que los Estados miembros implanten gravámenes nacionales sobre esos beneficios extraordinarios.
"En este momento no vamos a presentar una propuesta a nivel de la UE, pero hay posibilidad para los Estados miembros de proceder con esta fiscalidad sobre los beneficios extraordinarios", señaló a su llegada a una reunión del Eurogrupo en Dublín.
Lo dijo después de que el 23 de agosto pasado, España y otros cinco países europeos, mediante una iniciativa conjunta, reiteraron su petición de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras, con el argumento de que sus márgenes estaban aumentando por la crisis de Oriente Próximo y afectaban al coste de vida.
Un RDL para el Impuesto de Sociedades
La vía que baraja el Ejecutivo para recuperar el gravamen pasa por aprobar un real decreto-ley que introduzca los cambios fiscales necesarios.
La fórmula permitiría al Gobierno aprobar la medida en Consejo de Ministros y remitirla después al órgano parlamentario competente para su convalidación.
La propuesta se acotaría a las compañías de petróleo y gas, sin extenderse al conjunto de las empresas energéticas ni a las eléctricas.
El diseño de una nueva figura sería, por tanto, una de las cuestiones esenciales: si se pretende gravar beneficios extraordinarios, el mecanismo tendría que definir qué ganancias se consideran excepcionales, cómo se calculan y qué empresas quedarían sujetas a la obligación.
La modificación del Impuesto sobre Sociedades sería la única vía posible para articular la medida, por su encaje jurídico y fiscal y tendría que concretarse en el texto que aprobase el Consejo de Ministros.
Aritmética parlamentaria
El calendario electoral también modifica la aritmética política.
Con las Cortes disueltas, la convalidación de un real decreto-ley correspondería a la Diputación Permanente del Congreso, que mantiene determinadas funciones durante el periodo electoral, entre ellas la tramitación de decretos-leyes.
El órgano ofrece una composición y una correlación de fuerzas diferentes a las del Pleno ordinario, por lo que el Gobierno podría intentar sacar adelante la medida sin depender del mismo reparto de apoyos que condicionaba sus votaciones anteriores.
La experiencia de los dos decretos de vivienda rechazados en el Congreso ilustra este cambio de escenario.
El Ejecutivo ha recurrido a la Diputación Permanente para intentar recuperar medidas que habían caído en el Pleno, en una negociación en la que el voto de Junts pierde capacidad de bloqueo frente a la aritmética del órgano.
Sin embargo, eso no garantiza automáticamente la aprobación de cualquier nueva iniciativa: cada decreto deberá contar con los apoyos suficientes y superar su propia votación.
En ese escenario, el PNV podría convertirse en el interlocutor decisivo.
La formación vasca tendría que sopesar dos intereses contrapuestos: el impacto que un nuevo gravamen podría tener sobre Repsol, compañía con importantes vínculos industriales en Euskadi, y el coste político de oponerse a una medida del Gobierno, su socio de gobierno autonómico.
El precedente de 2022
La resistencia de Repsol a este tipo de medidas no es nueva.
En 2022, cuando el Gobierno planteó el gravamen extraordinario del 1,2% sobre los ingresos de determinados grupos energéticos, el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, advirtió de que el impuesto perjudicaría la actividad empresarial y la capacidad de inversión industrial.
También cuestionó que la medida contribuyera a resolver el problema de los precios energéticos.
La petrolera llegó a advertir de que el gravamen podía condicionar sus inversiones en España y abrir la puerta a destinar más recursos a otros mercados.
El precedente anticipa el principal argumento que las compañías podrían volver a utilizar contra una nueva iniciativa fiscal: el riesgo de restar competitividad a la industria y desincentivar proyectos de inversión.
Para el Gobierno, sin embargo, la coyuntura ofrece un argumento político distinto. Sánchez podría defender que una contribución temporal y extraordinaria ayudaría a repartir el coste de la crisis en pleno proceso electoral.
La decisión dependerá de cómo se diseñe el gravamen, de su encaje legal y, sobre todo, de si el Ejecutivo consigue reunir los votos necesarios.