El Gobierno quiere aprobar el nuevo decreto que regulará la instalación de centros de datos en España lo antes posible, así que teniendo en cuenta el proceso de tramitación, como muy pronto sería en un par de semanas.
A finales de agosto presentó un borrador que hizo saltar todos los resortes de un sector incipiente en nuestro país con proyectos multimillonarios atraídos por condiciones insuperables: bajo precio de la energía, mucha generación renovable y territorio para su desarrollo.
Ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte también en su informe hecho público el viernes pasado que hay riesgo de que los nuevos requisitos energéticos y de eficiencia comprometan inversiones y provoquen la deslocalización de proyectos.
Aun así, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras, el Ejecutivo prepara una versión "algo suavizada" de la norma, pero no rebaja la obligación de respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo eléctrico, con acreditación hora a hora.
"No tiene sentido que el Gobierno no escuche las recomendaciones de la CNMC, incluso sabiendo que hace solo semanas fue el encargado de nombrar a su nuevo presidente", señalan las fuentes.
"Va en contra del mandato de la Unión Europea de invertir en la economía de la digitalización, porque penaliza el desarrollo de los centros de datos, aunque el borrador salió a la luz como contraprestación a los fondos NextGeneration".
El texto acumula más de 600 alegaciones, los principales agentes del sector ya han solicitado audiencia, como es el caso de la patronal Spain DC, y aún, ni siquiera está encima de la mesa del Consejo de Estado.
Cambios sustanciales
La tramitación avanza así en un escenario de creciente presión por parte de la industria, que reclama cambios sustanciales en una regulación que considera determinante para la competitividad de España.
"Si se quiere atraer infraestructuras digitales, desarrollar inteligencia artificial y reforzar la soberanía tecnológica, no podemos poner la tirita antes de la herida", reconocen.
La asociación española de centros de datos, SpainDC, por su parte, ha advertido de que el informe de la CNMC refuerza la necesidad de corregir el proyecto antes de su aprobación.
La patronal considera que las observaciones del organismo regulador avalan las principales objeciones que el sector viene trasladando desde que conoció la propuesta normativa.
Propuesta de la CNMC
El regulador, presidido por Juan José Ganuza, ha recomendado revisar varios de los requisitos esenciales del texto y ha alertado de que su aplicación podría retrasar, redimensionar o desplazar territorialmente proyectos, e incluso impedir que lleguen a materializarse en los términos previstos.
"Algunos proyectos inicialmente considerados en los escenarios de planificación podrían retrasarse, redimensionarse, desplazarse territorialmente o no llegar a materializarse en los términos inicialmente previstos", señala la CNMC.
Aunque Competencia comparte el objetivo de garantizar un desarrollo "ordenado y sostenible" de los centros de datos, considera necesario reforzar la justificación de la necesidad, proporcionalidad y adecuación de las exigencias planteadas por el Gobierno.
"El informe de la CNMC avala advertencias fundamentales que SpainDC viene formulando desde que se conoció el proyecto".
El propio regulador señala que las exigencias pueden desplazar proyectos o impedir que se materialicen.
"España necesita una regulación técnicamente viable, proporcionada y predecible para que las inversiones puedan desarrollarse con seguridad jurídica", ha señalado el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.
Más de 600 alegaciones y 15.000 folios
La patronal reclama que las observaciones del organismo regulador se traduzcan en cambios concretos en el texto normativo.
SpainDC recuerda que muchas de las cuestiones señaladas por Competencia ya habían sido planteadas por las empresas en sus alegaciones y pide una interlocución técnica efectiva para corregir los aspectos más controvertidos.
"Las más de 600 alegaciones y los más de 15.000 folios presentados, a los que se suma ahora el informe de la CNMC, evidencian la amplitud de las advertencias sobre los riesgos de esta regulación", ha afirmado la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís.
La coincidencia entre las objeciones del sector y las observaciones del regulador refuerza la necesidad de corregir un diseño que puede comprometer inversiones estratégicas y la competitividad de España.
"Esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia".
La asociación insiste en que su defensa de una regulación más flexible no supone renunciar a la sostenibilidad ni a la eficiencia de estas instalaciones.
Su objetivo, sostiene, es evitar que los requisitos se conviertan en una barrera para el desarrollo de proyectos cuya demanda eléctrica crecerá con la expansión de la inteligencia artificial y los servicios digitales.
La patronal defiende que la responsabilidad del Ejecutivo debe ser facilitar las infraestructuras necesarias para esa transformación y preservar la capacidad del país para captar capital, desarrollar nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y reforzar su soberanía digital.