"Hay un mayor apetito por el negocio de la distribución de las redes eléctricas tanto por fondos como por las grandes del sector", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia Gerardo Cuerva, presidente de CIDE, la asociación que agrupa a las pequeñas distribuidoras y productoras de energía eléctrica, con motivo de su XIX Congreso, celebrado en Cádiz.
El movimiento se produce en un sector que, en determinadas zonas rurales, cuenta con casi 200 pequeñas empresas distribuidoras que gestionan redes en más de 600 municipios y dan servicio a más de dos millones de personas.
"El interés inversor responde a una oportunidad que va mucho más allá del negocio regulado tradicional. España dispone de una enorme capacidad para producir electricidad renovable a costes competitivos, pero el siguiente reto es conseguir que esa energía llegue allí donde se necesita y, sobre todo, generar nueva demanda".
Hay mucho potencial de crecimiento en las áreas rurales donde se pueden desarrollar proyectos industriales o complejos tecnológicos, como los centros de datos, que son capaces de generar un efecto tractor para otras actividades económicas.
En estos territorios, hay que ampliar la infraestructura eléctrica para poder dotar de energía a todos esos desarrollos y "debe hacerlo la distribuidora más óptima y más eficiente, como establece la regulación de la CNMC", explica el presidente de CIDE.
Esto puede implicar desde ampliar varios kilómetros una red de distribución y construir nuevas subestaciones que permitan conectar esos activos con la red de transporte. Una inversión que, a juicio de CIDE, puede convertirse en un factor determinante para decidir dónde se instalan los nuevos consumos.
"Ya se sabe que la red es insuficiente a día de hoy si queremos electrificar la economía: somos capaces de generar renovables, pero no de darles demanda", señala Cuerva a este diario.
Fondos y eléctricas miran hacia las redes
En este escenario, las redes se convierten en un activo cada vez más atractivo para los inversores. Las distribuidoras cuentan con ingresos regulados y gestionan una infraestructura imprescindible para el despliegue de la electrificación, mientras que la necesidad de nuevas inversiones abre oportunidades adicionales en determinados territorios.
De ahí que, según Cuerva, tanto los fondos como las grandes eléctricas estén incrementando su interés por el negocio.
El proceso puede acelerar la concentración de un sector que históricamente ha contado con numerosas pequeñas distribuidoras de carácter local, especialmente en el ámbito rural, que tienen un contacto directo en el día a día con la población.
La paradoja para estas compañías es que el mismo proceso que incrementa el atractivo de sus activos también eleva las necesidades de inversión.
Las redes que hasta ahora servían fundamentalmente para garantizar el suministro de los consumidores existentes tendrán que convertirse en la infraestructura sobre la que se apoye una nueva demanda eléctrica.
Y el tiempo se convierte en una variable crítica. "Invertir cuesta. Llegar tarde tiene un coste mayor", resume Cuerva.
Cuello de botella energético
El problema se hace especialmente visible en los costes que genera la falta de capacidad de red. Las restricciones técnicas del sistema eléctrico alcanzaron los 3.347 millones de euros en 2025 y en los primeros ocho meses de 2026 ya han superado los 3.100 millones.
Para CIDE, estas cifras reflejan un problema que no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del coste de construir nuevas redes: "Estos no son costes abstractos, son ineficiencias que paga el consumidor y oportunidades perdidas para la industria y para el sistema", advierte Cuerva.
La asociación reclama así un cambio de enfoque en la planificación de las infraestructuras.
El objetivo, sostiene, no debería ser únicamente reducir el coste de las redes, sino evaluar cuánto cuesta al conjunto del sistema no disponer de ellas cuando son necesarias.
"Si no existen suficientes redes capaces de transportar la energía a donde genera valor, conectando a los consumidores e industrias que necesitan acceso, se está fallando en la prueba más importante", subraya.
La paradoja es especialmente relevante en España: mientras la generación renovable crece con fuerza, buena parte de la nueva demanda potencial —industria, electrificación, centros de datos o nuevos proyectos empresariales— necesita disponer de una conexión eléctrica antes de poder instalarse.
Más inversión
El sector de la distribución afronta, además, un cambio en su marco retributivo. CIDE reclama que las modificaciones regulatorias tengan en cuenta la situación financiera y de inversión de las compañías, especialmente las de menor tamaño.
La asociación recuerda que la retribución correspondiente a 2023 reconoce inversiones realizadas en 2021 y que todavía están pendientes de reconocimiento las inversiones correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025.
En el caso de las pequeñas distribuidoras, las inversiones ejecutadas y pendientes de reconocimiento superan los 300 millones de euros.
"Estamos pidiendo a las empresas que anticipen inversiones para preparar las redes del futuro mientras todavía estamos reconociendo inversiones realizadas hace cinco años".
"Necesitamos que la regulación se anticipe y que la retribución no se retrase", sostiene Cuerva.
"Por eso, pedimos que, en futuras ocasiones, cuando haya cambios retributivos para las empresas distribuidoras, se nos tome en cuenta, al menos, nuestra opinión", afirma el presidente de CIDE.
La batalla por el mundo rural
El debate tiene una dimensión adicional en las zonas rurales. Las pequeñas distribuidoras defienden que su tamaño no implica necesariamente una menor eficiencia y reivindican el conocimiento del territorio que les permite operar en municipios donde las economías de escala son menores.
Para CIDE, además, la red eléctrica puede convertirse en una herramienta para combatir la pérdida de actividad económica de muchos territorios.
"En muchos de nuestros pueblos, la demanda necesita encontrar la red para decidir llegar. Si esperamos a que exista la demanda para invertir, quizá esa demanda nunca llegue", ha señalado Cuerva durante el XIX Congreso de CIDE.