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Las claves

El Gobierno ha decidido alargar durante los próximos tres meses la bonificación sobre los carburantes para tratar de contener el impacto de los precios del petróleo sobre los conductores.

Lo hará con cambios. En octubre se recuperará el descuento de 20 céntimos por litro tanto para diésel como para gasolina. La rebaja disminuirá progresivamente en noviembre y diciembre, a 13 céntimos y seis céntimos respectivamente, de acuerdo con el nuevo esquema aprobado por el Ejecutivo.

Una medida que incluye una excepción dependiento de los cambios geopolíticos de estos meses. El vicepresidente primero de Economía, Carlos Cuerpo, calcula que la totalidad de las medidas van a tener un coste de 12.000 millones de euros.

La decisión supone prolongar el apoyo público a los consumidores en un momento en el que el precio de los carburantes vuelve a estar bajo presión. Que también llega a la inflación general, que están en máximos de principios de 2023.

Sin embargo, la fórmula elegida por el Gobierno no convence al sector de las estaciones de servicio, que considera que una reducción de impuestos permitiría adaptar mejor el esfuerzo de la Administración a la evolución real de los precios.

En concreto, las gasolineras defienden una rebaja porcentual de la fiscalidad frente al descuento lineal por litro elegido por el Ejecutivo.

La diferencia no es menor: mientras una cantidad fija reduce el precio en la misma proporción con independencia de cuál sea el coste del carburante, una rebaja porcentual hace que la aportación pública aumente cuando los precios suben y disminuya cuando bajan.

El director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, considera que el Ejecutivo puede estar pecando de exceso de confianza ante la evolución de los precios.

"Me parece que el Gobierno peca de optimista o de conformista", señala Rabadán. "El optimismo ya hemos visto cómo les salió con el RD-L 18/2026, con IPC disparado".

El responsable de CEEES cuestiona también que el Ejecutivo pueda considerar suficiente el nivel actual de los precios de los carburantes. "Y en cuanto a conformarse, pues nada, si les parece que 1,95 es un PVP medio bueno para el diésel, allá ellos", apunta.

Bajar el IVA

Frente al mecanismo aprobado por el Gobierno, la patronal de las estaciones de servicio considera que la vía más adecuada sería actuar directamente sobre la fiscalidad de los carburantes.

"La medida más razonable es bajar el IVA", defiende Rabadán, como se hizo en marzo pasado cuando estalló el conflicto con el cierre del estrecho de Ormuz.

A su juicio, este mecanismo permitiría que el coste para las arcas públicas se ajustase automáticamente a la evolución de los precios.

"Si el Ejecutivo tiene razón y los precios van bajando, la aportación que hace la Administración vía menor ingreso es menor", explica.

Por el contrario, si el mercado mantiene los precios elevados, el coste de la medida para Hacienda aumentaría, pero también lo haría su justificación económica. "Y si los precios siguieran igual o más altos, la aportación de la Administración sería mayor pero porque la situación sería tan chunga que estaría justificada", añade.

La CEEES critica así que el Gobierno mantenga su apuesta por una reducción fija en lugar de modificar el porcentaje de impuestos que soportan los carburantes. "Pero no, parece que siguen apostando por la rebaja lineal en el IEH en lugar de por una porcentual", concluye Rabadán.

'Topar' la TUR

También el Gobierno lleva este martes a Consejo de Ministros un Real Decreto para intervenir en los precios del gas, como consumo final, para amortiguar el impacto de la crisis energética sobre los hogares españoles de cara al invierno.

El Ejecutivo limitará la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural al 15% en octubre, frente al incremento superior al 45% que habría correspondido aplicar en la revisión trimestral del próximo 1 de octubre.

El Gobierno lleva este martes a Consejo de MInistros un Real Decreto para intervenir en los precios del gas, como consumo final, para amortiguar el impacto de la crisis energética sobre los hogares españoles de cara al invierno.

El Ejecutivo limitará la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural al 15% en octubre, frente al incremento superior al 45% que habría correspondido aplicar en la revisión trimestral del próximo 1 de octubre.

La medida, que podría aprobarse este martes en el Consejo de Ministros dentro del nuevo real decreto de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo, también afectará a los consumidores de butano.

En este caso, el precio máximo de la bombona quedará fijado en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales, según adelanta El País.

La intervención llega en un momento especialmente delicado para los consumidores, a las puertas de los meses de mayor demanda de gas por el uso de la calefacción.

La TUR es la tarifa regulada a la que están acogidos más de 3,1 millones de hogares, alrededor del 40% del total, mientras que otros siete millones de consumidores utilizan bombonas de butano, especialmente en el ámbito rural.