Las eléctricas critican el alto coste del procedimiento reforzado de Redeia para evitar apagones, que ha supuesto más de 1.000 millones de euros extra al año en la factura de la luz.
El sector denuncia que no existe respaldo legal claro para aplicar este método, impuesto tras el apagón de abril de 2025 y ahora convertido en práctica habitual.
La operación reforzada obliga a recurrir a centrales de ciclo combinado (gas), lo que encarece el precio de la electricidad frente a las renovables.
Las compañías temen que el Gobierno imponga un tope al gas y reclaman revisar el procedimiento para evitar sobrecostes que afectan a empresas y consumidores.
Las eléctricas tienen todas las miras puestas en el coste extraordinario que sufre el recibo de la luz por la aplicación del procedimiento reforzado de Redeia, para asegurarse de que no se repita un apagón como el de abril de 2025.
Cuanta más preocupación social y política hay por la imparable subida de la luz y el gas, las eléctricas advierten que no existe ningún amparo legal, ni del operador del sistema ni de la CNMC, para aplicar ese método, que es el culpable de gran parte del aumento del recibo.
Ante la tentación de que el Gobierno intervenga en el mercado con un tope al gas, los servicios jurídicos de las grandes compañías y sus asesores han denunciado el tremendo ahorro que puede suponer revisar ese procedimiento que, a su entender, está descontrolado y sin una justificación mayor que el miedo a otro apagón.
El problema es que lo que se impuso como un sistema de emergencia al día siguiente del apagón, se ha convertido un año y medio después en el método ordinario de control de Redeia. Y según todas las estimaciones, eso cuesta más de mil millones extra al año en la factura de la luz.
La clave está en las llamadas “restricciones técnicas”, que son todas las situaciones anómalas en la red (congestión, sobretensión, falta de suministro, etc.) que obligan a cambiar la planificación de Redeia y contratar más energía síncrona, que estabilice el sistema.
El problema es que ese tipo de energía, al instante y con seguridad, sólo lo garantizan las centrales de ciclo combinado, que usan gas para su producción y han disparado sus precios del pool de energías de generación del mercado diario.
También se puede utilizar energía nuclear o energía hidráulica, pero lo más recurrente son los ciclos combinados, que han acaparado en lo que va de año el 16% de toda la generación eléctrica, frente al 23% de la fotovoltaica y el 20% de la eólica.
El precio de la luz puede estar en cero cuando más se tira de energías renovables, sobre todo fotovoltaica, y llegar a los 300 MWh cuando entran en marcha las restricciones técnicas reforzadas.
Paradójicamente, la mayor parte de esa plantas combinadas son propiedad de las mismas eléctricas que denuncian ahora la carestía del procedimiento reforzado, ante la amenaza de un nuevo tope al gas.
El procedimiento reforzado que aplica Redeia es sólo una parte de esas restricciones técnicas, pero ha incrementado su coste de forma exponencial en 2025 y lo que va de 2026. Todo sea por asegurar que siempre habrá energía de reserva ante el riesgo de apagón, aunque sea más caro.
Sólo el año pasado se gastaron 3.347 millones de euros en restricciones técnicas (que cobraron las grandes compañías energéticas), casi 1.300 más que un año antes, en su mayor parte por culpa de la operación reforzada.
Las estimaciones para 2026 varían, pero según los datos avanzados en el sector, en los cinco primeros meses del año se ha llegado ya a los 1.200 millones de coste, de los que más de 700 serían sobrecoste sobre una situación normalizada.
La demanda de energía se ha disparado en un verano que ha sido uno de los más calurosos de la historia y, con ella, los precios del gas y la electricidad. Todo apunta a un cierre del ejercicio con un exceso de gasto de esta operación reforzada por encima de los de 2025.
Momento crítico
Desde Redeia aseguraban a finales del pasado mes de julio que estaban tomando medidas para reducir el coste de las restricciones técnicas, “que ha sido necesario intensificar en los últimos años de profunda transformación del mix eléctrico, marcada por un despliegue renovable muy significativo”.
Pero los precios se han disparado y el Gobierno anunciará un paquete de medidas anticrisis este mismo martes, sobre el que planea la sombra de intervenir el mercado y poner un tope al gas, que rompería las cuentas de resultados de muchas de las empresas del sector.
Ese miedo es lo que ha recrudecido la campaña que las eléctricas venían manteniendo contra la operación reforzada de Redeia. Y están dispuestas a poner sobre la mesa todas las imperfecciones que presenta el mercado en estos momentos para evitar una nueva excepción ibérica.
Si de lo que se trata es de ahorrar costes extra para empresas y familias en la factura de la luz, el coste añadido que está generado la aplicación del procedimiento reforzado de Redeia para evitar apagones, es una de las claves.
Fuentes jurídicas expertas en energía aseguran que no existe ningún respaldo legal a la aplicación de ese método más caro. Los procedimientos reglados contemplan hasta cuatro modalidades de operación (normal, alerta, emergencia y reposición), pero no la reforzada.
Mucho menos se entiende desde el sector que se haya prolongado en el tiempo su aplicación. Hay que recordar que en enero de 2027 estará en marcha el procedimiento operativo 7.4 que establece sistema de control de tensión en las fotovoltaicas. Algo que puede reducir el recurso a tanta energía síncrona de este momento.
Pero hasta que eso ocurra, las espadas entre las eléctricas, la CNMC, Redeia y el Ministerio de Transición Ecológica, están en alto. Habrá que ver si las medidas que tome el Gobierno para frenar los precios vienen a solucionar el problema o a liarlo mucho más.