El Gobierno ha agilizado los trámites administrativos para instalar baterías, declarando estos proyectos como estratégicos y preferentes.
La medida prioriza la tramitación de proyectos de almacenamiento energético en nudos de transición justa, reduciendo a la mitad los plazos normativos habituales.
Aún no se han convocado las subastas de capacidad, aunque ya cuentan con el respaldo de la Comisión Europea y una dotación de 9.000 millones de euros en diez años.
El sector del almacenamiento espera el lanzamiento de concursos que permitirán la entrada de diversas tecnologías, incluidas baterías, centrales hidroeléctricas de bombeo y ciclos combinados de gas con bajas emisiones.
Agilizar los trámites administrativos para instalar baterías sí, pero incentivar su desarrollo con una retribución fija mensual con los mecanismos de capacidad no. Al menos por el momento.
Porque mientras el sector espera que se anuncien las esperadas subastas de capacidad, una herramienta para remunerar a las instalaciones eléctricas por estar disponibles y garantizar potencia firme al sistema, el Gobierno ha aprobado una Resolución, publicada en el BOE, que promueve proyectos energéticos estratégicos.
"Es una gran novedad, porque se declaran instalaciones energéticas estratégicas, lo que determina la consideración de dichos proyectos como preferentes, una categoría introducida por el Real Decreto 7/2026", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Helena Arronis, abogada especializada en Derecho de la Energía de la firma Montero Aramburu & GVA.
Esta medida activa la tramitación urgente de expedientes para agilizar plazos administrativos "en particular, en el caso de almacenamiento energético que sea adjudicatario de capacidad de acceso en nudos de transición justa", puntualiza la letrada.
Eso supone reducir a la mitad los plazos normativos habituales para agilizar su resolución, salvo excepciones legales (como el plazo para presentar solicitudes o recursos). Además, estos expedientes cuentan con prioridad en el despacho: al adquirir carácter preferente, el órgano administrativo debe tramitarlos antes que otros expedientes ordinarios.
El RD 7/2026 entró en vigor el 21 de marzo pasado, como Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Próximo y con el objetivo de mitigar el impacto de la subida de combustibles.
"En este contexto de crisis, dicho RDL impulsa la electrificación, ordenando en particular las solicitudes de acceso a la red para demanda", añade, y las baterías son un elemento esencial.
Proyectos de Transición Justa
Pero a diferencia de los proyectos que se han ido acogiendo a la modalidad de Transición Justa (generación renovable y almacenamiento que se instalan aprovechando la capacidad de la red que quedó libre al cerrar centrales de carbón o nucleares) desde 2019, "estos proyectos son declarados estratégicos", dice la jurista de Montero Aramburu.
Y "al no haber una transitoria, la normativa solo se puede aplicar a los proyectos que se presenten a partir de ahora en adelante, los que ya están en proceso de desarrollo o en operación no se pueden acoger a esta resolución", concluye Helena Arronis.
Los principales nudos de la red de transporte (REE) están ubicados en Aragón (Mudéjar 400 kV (Andorra, Teruel), Galicia (As Pontes 400 kV y Meirama 400 kV en La Coruña), Asturias (Lancha 220 kV, Soto de Ribera 400 kV, Narcea 400 kV y La Pereda) o Castilla y León (La Robla 400 kV, Compostilla 400 kV, Velilla 400 kV).
También en Andalucía (Carboneras 400 kV, Los Barrios 220 kV y Puente Nuevo 220 kV), y el de Zorita 220 kV en Guadalajara (Castilla-La Mancha).
El de Andorra (Teruel) es el de mayor envergadura licitado hasta la fecha. Se adjudicaron 1.200 MW de capacidad de acceso a un macroproyecto integrado (Endesa/Enel) que combina eólica, fotovoltaica, baterías de almacenamiento de energía y una planta de producción de hidrógeno verde.
A excepción de Lancha o La Pereda, el resto de los nudos, que suman de forma conjunta más de 3.000 MW, están pendientes de resolución final o liberación de capacidad tras los reajustes administrativos
Subastas de capacidad
Y mientras tanto, el sector sigue esperando a que el Gobierno anuncie las primeras subastas de capacidad, que ya han alcanzado un punto de inflexión decisivo tras recibir luz verde de la Comisión Europea.
Este respaldo comunitario valida un esquema con una dotación estimada de 9.000 millones de euros distribuidos en diez años, diseñado para alinearse estrictamente con la normativa europea del mercado interior de la electricidad.
España tiene hoy apenas 151 MW de BESS en operación, frente a un 'pipeline' que supera los 14,3 GW, según ORKA Energía.
Hay más de 2 GW con AAC, es decir, proyectos que ya han superado buena parte de la tramitación y cuyo principal reto empieza a ser construir y conectar.
Desde ORKA estiman tres posibles escenarios para el cierre de 2026, un escenario lento con 334 MW, un escenario base con 751 MW y uno rápido con 1.208 MW.
Estructuralmente, el diseño establece un sistema de concurrencia competitiva administrado por Red Eléctrica de España y organizado en tres tipologías diferenciadas de convocatoria.
Actualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica solo tiene que publicar las órdenes ministeriales y las reglas operativas concretas para proceder al lanzamiento formal de los primeros concursos.
En cuanto a los participantes, el mecanismo habilitará la entrada de diversas soluciones tecnológicas capaces de aportar firmeza y flexibilidad cuando el sistema lo requiera.
Tendrán un papel protagonista los sistemas de almacenamiento, como baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo, junto con los mecanismos de respuesta activa de la demanda procedentes de la industria y agregadores independientes.
Asimismo, podrán concurrir instalaciones de generación gestionable tradicional (ciclos combinados de gas), siempre que cumplan estrictamente con los umbrales de emisiones de dióxido de carbono fijados por la Unión Europea.