España no usará su posición dominante en el suministro de gas y electricidad para presionar políticamente a Marruecos, a pesar de su capacidad para hacerlo.
El país vecino depende de España para la totalidad de su gas importado y alrededor del 25% de su consumo eléctrico, pero España actúa como intermediario, no como propietario del recurso.
Utilizar la energía como arma diplomática dañaría la reputación de España, que busca consolidarse como un hub energético europeo y mantener relaciones estables con sus socios.
La experiencia de Rusia y Argelia muestra que usar la energía como herramienta de presión puede tener graves consecuencias económicas y geopolíticas para ambos lados.
Cierres de gasoductos, control de precios en el mercado internacional del petróleo, ataques intencionados a infraestructuras energéticas estratégicas, cortes de suministro por las interconexiones eléctricas... la historia está plagada del uso de este arma de presión política entre países vecinos.
Uno de los precedentes más recientes y con consecuencias más dramáticas para España fue en 2022, cuando el gigante energético estatal ruso, Gazprom, comenzó a estrangular la llegada de gas a través de sus gasoductos a Europa, e incluso a cerrar el grifo completamente con la invasión de Ucrania, en febrero de aquel año.
Su efecto fue una crisis energética en todo el Viejo Continente del que aún se sienten sus secuelas, con un cambio estructural del modelo energético y de las relaciones geopolíticas.
Ahora, tras la crisis de Ceuta, el debate surge por la relación entre España y Marruecos en materia energética. España tiene una posición energética privilegiada frente a Marruecos, ¿podría utilizar esa dependencia como instrumento de presión política?
El país vecino obtiene de España la totalidad del gas que importa (porque no cuenta con ninguna planta de regasificación y sí con un gasoducto que une ambos continentes) y una parte muy relevante de su electricidad: alrededor del 25% de su consumo eléctrico.
La pregunta, por tanto, es inevitable: la respuesta, al menos por ahora, es no. Y existen razones económicas, jurídicas y, sobre todo, estratégicas para que Madrid no convierta la energía en un arma diplomática.
"No es difícil encontrar argumentos para cortar el suministro energético a Marruecos en una situación de crisis", señalan fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia.
"Aunque estos temas de interconexiones energéticas son para que estén presentes, no para que se utilicen. Tener una interdependencia asimétrica en materia energética es positivo para España", pero al margen de la crisis "contribuye también al desarrollo económico y social de Marruecos".
Por tanto, una cosa es tener capacidad para ejercer presión y otra muy distinta convertirla en un arma diplomática.
Putin y el gas ruso
Rusia tenía, antes de la guerra con Ucrania, un modelo de relación con los países de Centroeuropa similar al que España mantiene con Marruecos.
Pero Moscú sí llegó a utilizar su posición dominante como proveedor de gas europeo para intentar modificar el comportamiento político de sus compradores.
En 2021, Rusia suministraba a la UE unos 155 bcm (miles de millones de m³) de gas, equivalentes al 45% de todas las importaciones comunitarias, y cinco años después la cuota rusa está en el 12%. En 2030, se prevé que sea cero.
La Comisión Europea calificó en 2022 las sucesivas interrupciones del suministro ruso como un intento deliberado de utilizar la energía como "arma política". Rusia redujo progresivamente los flujos hacia Europa hasta provocar una crisis de suministro y precios de enormes dimensiones.
España, en cambio, no es el propietario de la molécula que vende a Marruecos. Su papel es fundamentalmente el de intermediario: recibe gas natural licuado, lo regasifica y permite su posterior envío al país vecino.
Cortar ese flujo supondría, además, renunciar a una actividad comercial y logística que beneficia a España y a sus operadores.
Conflicto Argelia-Marruecos
El precedente argelino resulta todavía más interesante.
En 2021, Argelia decidió no renovar el contrato de tránsito del gasoducto Magreb-Europa, cerrando la ruta que atravesaba Marruecos hacia España.
El conflicto entre Argel y Rabat convirtió una infraestructura energética en una herramienta de presión geopolítica. Un año después, el flujo se invirtió y España comenzó a utilizar esa misma infraestructura para enviar gas hacia Marruecos.
La situación española es, por tanto, casi la contraria: Madrid controla la salida, pero hacerlo implicaría utilizar una infraestructura estratégica para castigar a un socio comercial.
Y esa decisión tendría un coste reputacional considerable para un país que intenta consolidarse como uno de los grandes hubs energéticos europeos.
Israel, Egipto y Jordania
El caso de Israel demuestra, además, que la energía puede convertirse en una herramienta de influencia incluso cuando no se llega a cerrar completamente el grifo.
Los suministros de gas israelí a Egipto y Jordania se han convertido en un elemento estratégico de sus relaciones bilaterales. La dependencia ha obligado a ambos países a buscar alternativas y diversificar para reducir la capacidad de presión que puede ejercer un único proveedor.
En el caso de la interconexión eléctrica que une España con Marruecos, no funciona como una tubería unidireccional. Y aunque en el 97% del año es netamente exportadora, existe una relación de interdependencia, aunque claramente asimétrica.
Convertir esa infraestructura en un arma supondría romper precisamente una de las características que hacen valiosas las interconexiones: permiten intercambiar electricidad cuando resulta más eficiente hacerlo y aportan flexibilidad y seguridad a ambos sistemas.
La paradoja es evidente: cuanto más fiable sea España como proveedor, mayor será su poder energético sobre Marruecos. Utilizarlo como mecanismo de coerción podría proporcionar una victoria diplomática inmediata, pero destruiría el activo estratégico que permite ejercer esa influencia a largo plazo.