El Gobierno inicia la eliminación progresiva del impuesto eléctrico del 7%, que desaparecerá por completo en 2028.
La rebaja gradual del impuesto será del 5% en 2026, 3,5% en 2027 y suprimido en 2028, lo que reducirá la factura eléctrica hasta un 6%.
El impuesto, creado en 2013 para reducir el déficit de tarifa, fue criticado por su impacto directo en el precio de la luz y su dudoso carácter ambiental.
La eliminación beneficiará a hogares e industrias, mejorando la competitividad y favoreciendo inversiones en energías renovables y descarbonización.
El Gobierno inicia el desmantelamiento estructural y progresivo del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un 7% que tenían que pagar todos los generadores en España desde 2013.
El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer.
"Lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía", ha destacado Carlos Cuerpo, ministro de Economía, tras el Consejo de Ministros.
De su lado, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, ha explicado que se trata de una eliminación gradual en 18 meses que va a contribuir a abaratar de forma estructural la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria.
Aagesen ha señalado que la eliminación estructural del 7% tiene un impacto directo en la reducción de la factura de todos y cada uno de los consumidores, con un impacto que puede llegar hasta el 6%.
Impuesto de emergencia
Nacido en plena crisis financiera bajo la premisa de la sostenibilidad, se convirtió en uno de los tributos más contestados y rechazados de la historia del sector eléctrico.
Surgió hace 13 años, cuando el sistema eléctrico español arrastraba una deuda milmillonaria conocida como el "déficit de tarifa". Para tapar ese agujero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el ministro José Manuel Soria a la cabeza, aprobó un paquete de medidas urgentes.
Entre ellas destacaba una propuesta que ha quebrado la cabeza del sector durante más de una década: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
Hoy, tras años de suspensiones temporales, parches regulatorios y batallas en los tribunales, el Gobierno inicia por fin su eliminación estructural y progresiva. Es el principio del fin para el famoso "impuesto del 7%".
El IVPEE entró en vigor el 1 de enero de 2013 a través de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Su planteamiento era simple pero agresivo: gravar con un 7% los ingresos de todas las instalaciones que produjesen electricidad en España, ya fuesen nucleares, de gas, de carbón o renovables.
Aunque el Gobierno de la época defendió que era un impuesto de carácter ambiental que recaía sobre las empresas energéticas, el sector tardó poco en denunciar la realidad: en un mercado marginalista, ese 7% se internalizaba en las ofertas, acabando trasladado directamente al bolsillo de los consumidores a través del recibo de la luz.
La historia del IVPEE es también la historia de un perenne idilio con los tribunales. Las patronales del sector eléctrico y de las energías renovables llevaron el impuesto ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea.
Alegaban que no era un impuesto verde, porque se cobraba por igual a una central contaminante de carbón que a un parque eólico renovable, e incurría en doble imposición, gravaba una actividad ya sujeta a otros tributos locales y estatales.
A pesar de las dudas legales, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 como el Tribunal Constitucional avalaron su legalidad técnica. Sin embargo, su legitimidad social y económica ya estaba herida de muerte.
La crisis energética global en 2021 tuvo un efecto en el IVPEE. El Gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a aplicar una batería de suspensiones temporales para aliviar la asfixiante factura de la luz de los hogares en sus medidas de escudo social ante la escalada histórica del megavatio hora.
Rebaja en la factura de la luz
Los analistas del sector estiman que la retirada definitiva de este 7% a la producción podría traducirse, por pura lógica competitiva del mercado, en una rebaja de entre el 3% y el 5% en el precio final de la factura de la luz de los consumidores a medio plazo.
Además, en lo que se refiere a los sectores electrointensivos la eliminación les hace más competitivos, lo que va a ayudar a que lleguen nuevas inversiones. "Inversiones en proyectos tan importantes como de hidrógeno renovable o de descarbonización industrial en favor de la electrificación", ha puesto de relieve la vicepresidenta.
El cálculo que le llega al Gobierno de la industria es que aumentará la producción industrial en 2.600 millones de euros anuales y se crearán unos 3.700 empleos.