Redeia ha lanzado un documental para destacar su gestión durante el apagón eléctrico de hace un año y exculpar tanto a la empresa como al Gobierno.
La compañía atribuye el apagón a un "episodio inédito e imprevisible" y responsabiliza a una planta fotovoltaica y a desconexiones incorrectas de instalaciones solares.
Consumidores y asociaciones reclaman mayor transparencia, la publicación de comunicaciones internas de REE y el pago de compensaciones aún pendientes por el apagón.
El sector energético ha creado el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación para exigir claridad sobre los sobrecostes de la operación reforzada aplicada tras el incidente.
Redeia, la matriz del operador del sistema, Red Eléctrica (REE), ha lanzado el documental “28 de abril, un año después”, en el que saca pecho de lo bien que lo hizo durante la reposición del apagón de hace un año: "no fallamos ese día", han dicho.
Y sin ninguna autocrítica, afirman que se trata de "un episodio inédito e imprevisible" ocurrido en “un día de primavera normal, con una programación de restricciones técnicas correcta y conforme a la normativa vigente".
De hecho, carga la responsabilidad de aquel cero energético general sobre las eléctricas que no funcionaron según normativa, y en especial, la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, hace mención a una conversación con el consejero delegado de una gran eléctrica, minutos previos de la reunión con la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en el Ministerio para la Transición Ecológica, justo un día después.
Ahí relata que el CEO le confesó que había una planta fotovoltaica "que tenía una relevancia especial en todo el hecho cronológico que llevó al apagón", y por tanto, Corredor señala que ya entonces "había personas que tenían intuición de lo que había sido parte del origen de este incidente, que un año después sigan esos datos sin hacerse públicos y se sigan poniendo en duda la realidad de los hechos, me cuesta mucho trabajo aceptarlo".
"Es una forma de proceder que las empresas no debemos asumir, porque tenemos un deber público que cumplir", y además, recuerda que los procesos técnicos de decisión del funcionamiento de la red "están al margen de órdenes políticas", exculpando así al Gobierno de cualquier interferencia en la dirección de Redeia.
También se apoyan en los tres informes oficiales que se han publicado, el del propio Gobierno, el de los operadores del sistema europeos (Entso-e) y el de la CNMC. "Hay hasta 40 expertos trabajando en uno de ellos y todos apuntan en la misma dirección, es un fallo multifactorial".
Del mismo modo, el panel destaca también como causas raíz la desconexión de un volumen significativo de instalaciones fotovoltaicas de pequeño tamaño (autoconsumo doméstico) durante los fenómenos oscilatorios que contribuyó al aumento de tensiones, y señala a nueve desconexiones incorrectas de generación, aun estando la tensión de la red de transporte dentro de los márgenes establecidos.
Falta de transparencia
Mientras tanto, la asociación de consumidores ConsumES ha solicitado a REE la publicación íntegra de todas las llamadas y comunicaciones operativas del día del apagón del 28 de abril, así como de los días anteriores, para aclarar las causas reales del incidente y determinar si fue previsible y evitable.
ConsumES recuerda que REE, como operador del sistema eléctrico, tiene la obligación legal de actuar con criterios de transparencia, conforme a la Ley 19/2013 de Transparencia y al Reglamento (UE) 2019/943 del mercado interior de la electricidad. Resulta imprescindible conocer si REE ya tenía constancia de problemas de inestabilidad y control de tensión, tal y como apuntan diversas informaciones sobre el contenido de las llamadas internas, y si esos avisos fueron correctamente gestionados.
La organización también ha pedido explicaciones sobre la operación reforzada aplicada tras el apagón, que ha incrementado los costes del sistema y que, a su juicio, podría estar relacionada con problemas técnicos ya identificados previamente. En ese sentido, ha exigido aclarar por qué dichas medidas no se adoptaron antes del 28 de abril.
En la misma línea, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha anunciado que estudia acciones judiciales porque un año después del apagón, siguen sin conocerse a los culpables.
Además, los consumidores siguen sin cobrar las compensaciones establecidas por los fallos registrados durante el apagón, que rondarían los 17 euros por hogar y que deberían haberse abonado ya.
Por otro lado, eléctricas, comercializadoras, industria y consumidores han lanzado el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación para arrojar transparencia a los sobrecostes que ha supuesto la 'operación reforzada' de REE, un año después del apagón general.
Han pedido a la CNMC que "refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores, aliviando de forma directa los costes de producción industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las renovables".