Las claves
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Los responsables de las principales asociaciones renovables en España sostienen que, antes del apagón, ya habían instado sin éxito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a Red Eléctrica a poner en marcha la norma que podría haber evitado el cero nacional.
Se trata de la actualización del procedimiento de operación PO 7.4, llamado a permitir que las renovables participen en el control de tensiones de la red y que fue aprobado seis semanas después del gran apagón.
Esta cuestión centró buena parte del debate este jueves durante la comparecencia del director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, y del director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio, ante la comisión del Senado que investiga el apagón del 28 de abril.
Donoso fue especialmente crítico con el retraso del regulador. Recordó que "desde 2019 el 90% de las plantas instaladas en España cuentan con la electrónica de potencia necesaria para controlar la tensión".
Sin embargo, no podían utilizarla porque "necesitaban un reglamento técnico que diga de qué forma tienen que controlar esa tensión; ese es el PO 7.4". Según explicó, en 2020 "a petición de Red Eléctrica, la CNMC elaboró el primer borrador de estas instrucciones técnicas".
"Ese borrador se quedó en el cajón", criticó, antes de remarcar que el texto finalmente aprobado tras el apagón es "muy similar" a aquel primer borrador de 2020.
En 2022, según añadió, se llevó a cabo un sandbox regulatorio -un entorno de pruebas supervisado- financiado con fondos europeos que "tuvo éxito y cuyas conclusiones se conocieron en 2023". Pese a ello, el PO 7.4 "siguió en el cajón" y "sólo se aprobó semanas después del apagón".
Ante la pregunta de si habían trasladado a la CNMC la necesidad de adaptar el PO 7.4, Donoso aseguró que sí.
"Ese PO 7.4 era necesario desde el punto de vista técnico, pero también era posibilidad de tener ingresos adicionales complementarios", en un mercado hasta ahora restringido a unas pocas tecnologías.
A su juicio, "si hubiésemos podido regular tensión en el momento del incidente, con mucha probabilidad ese incidente no se hubiera producido". En lugar de contar con "sólo nueve centrales convencionales", Red Eléctrica habría tenido "decenas de unidades fotovoltaicas para trabajar en la tensión".
Desde el sector eólico, Juan Virgilio se mostró más contenido, aunque respaldó el mismo planteamiento. "Claro que instamos al conjunto de Red Eléctrica y la CNMC a que activasen lo antes posible el PO 7.4", aseguró. Esas gestiones, precisó, fueron anteriores al 28 de abril.
"Es un tema estructural, no tiene que ver con el apagón. Tenemos que ir avanzando con un mix renovable en el que las renovables aporten poco a poco los servicios que antes proporcionaba la potencia síncrona", explicó.
"Si ese procedimiento de operación hubiera estado aprobado y se hubieran habilitado plantas, REE habría podido activarlas y programarlas con una estrategia geográfica, y habríamos tenido más actores para controlar la tensión el día del apagón", afirmó.
Modo reforzado
Los líderes de las patronales renovables también insistieron en la necesidad de que se ponga fin cuanto antes a la "operación reforzada" con la que REE opera el sistema tras el apagón.
Juan Virgilio estimó un 15% de pérdida de ingresos para su sector eólico por esta operativa, que supone menos integración de las renovables en el sistema y que se mantiene por precaución.
Donoso también quiso enfatizar que "todos los informes realizados sobre el apagón coinciden en que no hubo ninguna responsabilidad de la energía fotovoltaica" y defendió que "no debemos seguir en el sistema reforzado".
