Las claves

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El bono social eléctrico se ha reformado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que acaba de aprobar el Consejo de Ministros este martes, 17 de febrero.

Entre las nuevas modificaciones, establece adoptar un criterio de renta para el acceso al bono social eléctrico de las familias numerosas, además de ajustarlo más aún a las consideradas como familias vulnerables.

Pese a esos cambios, el bono social eléctrico sigue vigente y se ha prorrogado hasta finales de 2026, manteniendo los descuentos reforzados sobre la factura de la luz para hogares vulnerables que estén en la tarifa regulada (PVPC).

Contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 –la primera elaborada en España– y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna.



El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del MITECO, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Para crear el Observatorio, concretar sus actividades y la de su red de colaboradores, entre otros aspectos, se acaba de lanzar una consulta pública previa.

El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.

Según ha señalado el Ministerio para la Transición Ecológica, se implantarán medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social.

Y también estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.

 Varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general.

Adicionalmente, se plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico –y en consecuencia, al bono social térmico– para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita.

Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan.