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España enfrenta una nueva demanda en Estados Unidos por parte de inversores alemanes y suizos que exigen el cumplimiento de un laudo internacional de 27 millones de euros por recortes a las renovables.
El tribunal del Ciadi dictaminó en septiembre que España debe indemnizar a DCM Energy, Hannover Leasing y Edisun Power por los recortes que afectaron sus inversiones en proyectos solares.
El caso se basa en el Tratado de la Carta de la Energía, que protege las inversiones extranjeras y ha llevado a varias condenas contra España en tribunales internacionales.
La justicia estadounidense ya ha validado laudos por un total de 691,2 millones de euros contra España, y los inversores buscan localizar activos embargables en EE. UU.
España encara un nuevo frente judicial en Estados Unidos por los recortes a las energías renovables.
Los inversores alemanes DCM Energy y Hannover Leasing, junto con la compañía suiza Edisun Power, han presentado una demanda ante el tribunal federal del distrito de Columbia para que se haga cumplir un laudo internacional que les es favorable.
El laudo, dictado el 8 de septiembre por un tribunal del Ciadi -el organismo internacional que resuelve disputas entre países e inversores extranjeros-, establece que España debe indemnizar a los inversores por los recortes que afectaron sus proyectos de energía renovable.
Los demandantes solicitan ahora al tribunal estadounidense que reconozca y ejecute el laudo, que España pague los 27 millones de euros reclamados junto con los intereses acumulados, y que se conceda cualquier otra compensación que el tribunal considere adecuada.
El origen de los laudos renovables en España se remonta a principios de los 2000, cuando el Gobierno introdujo incentivos para atraer inversores, lo que impulsó la expansión de la industria solar.
Más de 66.000 familias y empresas comprometieron 65.000 millones de euros para alcanzar el objetivo de la UE del 20% de energía renovable en 2010.
Entre 2007 y 2009, los demandantes apostaron por varios proyectos solares fotovoltaicos en el país. DCM Energy invirtió en seis plantas, Hannover Leasing en tres y Edisun Power en cuatro.
Sin embargo, en 2013, el gobierno de Mariano Rajoy culminó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista para la gran mayoría de las instalaciones renovables bajo régimen regulado.
Este recorte buscaba frenar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, pero dejó a los inversores con beneficios mucho menores de los que habían esperado.
El caso se basa en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), firmado por España, Suiza y Alemania, que protege las inversiones extranjeras en el sector energético.
El procedimiento arbitral ante el Ciadi comenzó en octubre de 2017, cuando los demandantes presentaron formalmente su solicitud de arbitraje. Desde entonces, el caso ha pasado por varias etapas hasta llegar al laudo definitivo de 2025.
La ofensiva de DCM Energy, Hannover Leasing y Edisun se suma a una larga serie de procedimientos internacionales contra España por los recortes renovables, muchos de ellos ya en fase avanzada de ejecución en tribunales estadounidenses.
En la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos de siete procedimientos. Se trata de los casos de Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed.
En conjunto, la justicia estadounidense ha dado validez a una deuda ejecutable de 691,2 millones de euros, lo que faculta a los acreedores para activar los mecanismos de ejecución disponibles en ese país.
Ante esta sucesión de fallos, el Gobierno español ha acudido al Tribunal Supremo, mientras que los inversores han puesto en marcha un proceso formal de rastreo de activos para localizar bienes del Estado embargables dentro de la jurisdicción norteamericana.
Más allá de EEUU, las firmas demandantes del Estado español han obtenido victorias judiciales en jurisdicciones como Australia, Reino Unido o Bélgica.