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La justicia belga ha embargado 482 millones de euros en pagos a Enaire como compensación a inversores afectados por la retirada retroactiva de primas a las renovables en España.
El embargo responde a la reclamación de OperaFund, que exige el cumplimiento de un laudo arbitral favorable dictado por el Ciadi en 2019.
Casos similares han ocurrido en Bélgica y Australia, y la deuda total española por laudos renovables supera los 2.292 millones de euros, aumentando más de 100.000 euros diarios.
Tribunales de Estados Unidos y Australia han autorizado la ejecución de laudos y embargos de bienes del Estado español para asegurar el pago a los acreedores.
Nuevo varapalo a España por el impago de las indemnizaciones correspondientes a los afectados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
La justicia belga ha ordenado el embargo de 482 millones de euros como mecanismo de compensación para los inversores afectados.
La medida se enmarca en los procedimientos relacionados con el caso OperaFund, fondo que reclama la ejecución de un laudo arbitral dictado a su favor.
En 2019, OperaFund obtuvo una resolución vinculante del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal del Banco Mundial al que España pertenece. El laudo se dictó conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando aprobó los recortes retroactivos que dieron origen a las reclamaciones.
Ante la negativa del Gobierno español a abonar la indemnización, OperaFund inició acciones legales en distintas jurisdicciones para garantizar el cobro, solicitando el embargo de bienes y créditos del Estado.
En este caso concreto, la deuda asciende a 29,3 millones de euros, a los que se suman 7,5 millones en intereses de demora.
Dentro de esta estrategia, el equipo jurídico del fondo presentó una demanda ante los tribunales belgas para bloquear los pagos que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, realiza periódicamente a Enaire, el proveedor estatal español de servicios de control aéreo.
Tanto la sede como las cuentas operativas de Eurocontrol se encuentran bajo jurisdicción belga, lo que permitió la intervención judicial.
La magistratura belga dio la razón a los demandantes y autorizó el embargo, al considerar que se trata de una vía legítima para asegurar la compensación de los acreedores. Como resultado, 482,4 millones de euros han quedado inmovilizados y no serán transferidos a Enaire mientras se resuelve un posible recurso o se procede al pago de las deudas reconocidas.
Este no es un caso aislado. En julio de 2025, la empresa japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, inició un procedimiento similar que también concluyó a su favor, con un embargo superior a los 207 millones de euros en pagos a Enaire.
En aquel proceso, la indemnización pendiente ascendía a 106,2 millones de euros, a los que se añadían otros 9,4 millones en intereses de demora.
Una ola de condenas
El importe total pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes asciende a 1.754,7 millones de euros, según las cifras acumuladas hasta diciembre de 2025.
A esta cifra hay que sumar 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostes derivados de la estrategia de impagos seguida por el Estado español
Con estas variables, la deuda creciente alcanza ya los 2.292 millones de euros y se encarece a un ritmo diario de más de 100.000 euros.
Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos correspondientes a siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed.
En conjunto, la justicia estadounidense validó una deuda exigible de 691,2 millones de euros, lo que permite a los acreedores activar los mecanismos legales de ejecución disponibles en ese país.
Frente a esta serie de resoluciones adversas, el Gobierno español recurrió ante el Tribunal Supremo, mientras que los inversores iniciaron un procedimiento formal de rastreo de bienes (discovery order) para localizar activos del Estado susceptibles de embargo en Estados Unidos.
Simultáneamente, la ofensiva judicial se extendió a Australia. En 2025, el Tribunal Federal dictó una sentencia histórica ordenando la ejecución de cuatro laudos -RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- por un importe total de 469 millones de euros.
La resolución rechazó de manera categórica los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y respaldó íntegramente las reclamaciones de los demandantes.
Además de permitir la ejecución de los laudos, el tribunal imputó las costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada por el juez.