En los últimos años, cada vez más se están activando planes de seguridad de áreas urbanas ante un incendio forestal, porque el número y la proporción de grandes incendios forestales (GIP/GIF), aquellos que queman más de 500 hectáreas, ha crecido significativamente en España.
En ese protocolo, una de las primeras medidas es cortar el suministro eléctrico, realizar interrupciones preventivas por seguridad pública. Una decisión que se toma con cada vez más frecuencia en regiones como Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana, donde la amenaza de grandes incendios forestales es más recurrente.
De hecho, el Gobierno reconoce en su Ley 5/2024, de 8 de noviembre, sobre bomberos forestales, que "las nuevas tendencias, como la urbanización de las sociedades y el cambio de usos en la zona rural, hacen que los incendios se vuelvan más transversales".
Afectan, por tanto, "no sólo al ámbito forestal, sino también a la llamada interfaz urbano-forestal, con el consiguiente aumento del riesgo para la vida de las personas que viven cerca de las zonas más afectadas".
Por eso, este nuevo fenómeno (los GIP) exige un nuevo planteamiento organizativo y estructural para los dispositivos de extinción y prevención de incendios a nivel nacional, ya que los incendios no entienden de límites territoriales ni estacionales y exigen cada vez más una mayor coordinación y cooperación.
Según el informe de la organización ecologista WWF Informe Incendios Forestales 2025: Incendios fuera de control, son los responsables de la mitad o más de la superficie total ardida cada año en la última década. De hecho, el número medio anual ha subido un 25% respecto a la década anterior.
Se observa un fenómeno de incendios cada vez más extremos ("de sexta generación"), capaces de alterar el clima local y resultar ingobernables para los recursos de extinción.
Corte de electricidad
En el actual incendio forestal de Las Médulas en León, que ha provocado que más de 700 vecinos hayan tenido que ser desalojados de las poblaciones de este entorno por culpa de las llamas, una de las primeras consecuencias de la evacuación de la zona ha sido el corte del suministro eléctrico.
Esta decisión por motivos de seguridad pública en España es una medida excepcional y preventiva que adopta una compañía eléctrica para proteger a personas y propiedades frente a riesgos graves que podrían derivarse de mantener el suministro en determinadas condiciones.
Aunque este tipo de interrupciones es más conocido por el término inglés “PSPS” (Public Safety Power Shutoff) y se comenzó a legislar en lugares como California, en nuestro país empieza a aplicarse, sobre todo, en zonas de alto riesgo de incendios forestales.
Se trata de una medida planificada o de urgencia según el riesgo y la potencial afectación a servicios críticos (hospitales, sistemas de emergencia, telecomunicaciones) y no responde a una avería técnica, sino que busca prevenir daños mayores o la activación de protocolos de emergencia por incendio forestal.
La comunicación y coordinación con las autoridades y la población se considera esencial para minimizar el impacto social y económico.
Y según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, serán las comunidades autónomas las que "establezcan normas de seguridad aplicables a edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus inmediaciones, que puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por estos".
45 cortes detectados
Según el informe de Seguimiento de los incendios forestales en España publicado en 2024 por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, el año pasado los incendios forestales en España presentaron afectación significativa sobre poblaciones y viviendas.
Se registraron cerca de 20 grandes incendios forestales (más de 500 hectáreas quemadas cada uno), muchos de ellos con impacto en núcleos urbanos, urbanizaciones o viviendas próximas a zonas de interfaz urbano-forestal.
Los grandes incendios del año incluyeron varios casos con daños en casas o infraestructuras y desalojos forzosos en regiones como León, Zamora, Madrid, Ourense, Cádiz y Córdoba.
En el cómputo total de incendios (unos 5.800 incendios forestales de todos los tamaños), en 45 casos se produjeron cortes de suministro eléctrico como consecuencia directa de los incendios, según Protección Civil y el Ministerio del Interior. Esto no llega al 1% del total de incendios forestales, pero existen otros casos de menor trascendencia (por duración y alcance) no recogidos en los informes.
¿Cuándo se corta el suministro eléctrico?
Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el corte puede anticiparse cuando hay condiciones meteorológicas extremas (viento fuerte, baja humedad, altas temperaturas) en zonas de vegetación densa y alto riesgo de incendio.
La empresa eléctrica monitorea factores como la velocidad del viento, el nivel de humedad y el estado de la vegetación para tomar la decisión. Sin embargo, las compañías eléctricas (tanto distribuidoras como transportista) tienen planes para mantener libres de vegetación sus líneas.
Son calles que sirven de cortafuegos seguros que facilitan las tareas de extinción en incendios y sirven de vías de evacuación para los agentes forestales y medioambientales, según explica Redeia en su web.
También si el incendio amenaza líneas de alta tensión, instalaciones eléctricas o subestaciones se realiza el corte preventivo una vez que la proximidad supone un peligro para las operaciones, el personal o la población.
Y, en algunos casos, el corte se efectúa para proteger operativos de extinción, evitar que cables caigan activos y dificulten la intervención o impedir arcos eléctricos si se daña la infraestructura.
En definitiva, en España, la planificación y las actuaciones frente a emergencias por incendios forestales están reguladas por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, así como por planes especiales autonómicos y protocolos internos de las compañías eléctricas.