Enagás abandona las pérdidas de 2024 y enfila sus objetivos para cierre del ejercicio 2025. La compañía se apuntó unas ganancias de 176 millones de euros en el primer semestre, incluyendo el impacto por las plusvalías de la venta de Soto la Marina (5,1 millones de euros) y la incremento de la indemnización que Perú debe pagar a Enagás por el proyecto GSP (41,2 millones de euros).
Excluyendo estos efectos, el beneficio recurrente fue de 129,8 millones de euros, un 12,3% menos. Cabe recordar que en el primer semestre de 2024 perdió 210,8 millones por el impacto de la minusvalía contable al cierre de la venta de Tallgrass.
Con estas cifras, Enagás confirma el objetivo de alcanzar un beneficio recurrente anual de 265 millones de euros.
El resultado bruto de explotación (ebitda) del operador del sistema gasista ascendió a 329,3 millones de euros, de modo que enfila el objetivo anual de 670 millones. Mientras, los ingresos fueron de 459,6 millones, un 3,8% más.
Los fondos procedentes de operaciones (FFO) a 30 de junio de 2025 se situaron en 293,8 millones de euros. El FFO incluye 91,2 millones de euros de dividendos de filiales. Por su parte, el flujo de caja operativo alcanzó 211,3 millones de euros.
La cifra de inversión neta en este periodo fue de 26 millones Las inversiones registraron una cifra de -40,5 millones de euros en el ámbito nacional y de 14,5 millones de euros en el ámbito internacional, fundamentalmente por la entrada de caja de la venta de Soto la Marina.
Enagás registró una deuda neta de 2.299 millones de euros, lo que supone una reducción de 105 millones de euros desde el cierre de 2024. El coste financiero de la deuda bruta se situó en 2,2%, comparado con el coste de 2,8% al final del primer semestre de 2024 y del 2,6% al final del año 2024.
La venta de Tallgrass Energy en julio de 2024 y la cancelación de 700 millones de deuda en dólares explican la evolución positiva del coste financiero de la deuda bruta.
En la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 27 de marzo de 2025 se aprobó el pago de un dividendo de 1 euro bruto por acción correspondiente al ejercicio 2024. Esto supone el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción con cargo al ejercicio 2024, que fue abonado el 3 de julio.
Retribución para redes
Enagás destacó en la presentación de sus resultados que el 4 de julio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sometió a audiencia pública una propuesta de circular para regular las metodologías de determinación de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural.
La tasa resultante de la metodología de cálculo de la TRF recogida en la consulta pública, aproximadamente 6,4%, está muy próxima a la base mínima de TRF que Enagás estableció en sus proyecciones financieras a partir de 2027.
El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha estimado que la CNMC debería garantizar un marco regulatorio que asegure una rentabilidad razonable después de impuestos de entre el 6,5% y el 7% para las actividades gasistas.
En una conferencia con analistas para presentar los resultados del grupo, Gonzalo indicó que esta tasa estaría "en línea con otros operadores europeos" y permitiría al sector gasista "seguir contribuyendo de forma esencial a la seguridad de suministro y la descarbonización".
Además, destacó que el 23 de mayo, el Ciadi dio la razón a Enagás, emitiendo una rectificación del laudo elevando en 104 millones de dólares la condena impuesta a Perú. El importe total de la condena que Perú deberá pagar a Enagás asciende a 302 millones de dólares.
Considerando el importe total, una vez resuelto el recurso de rectificación, Enagás ha actualizado el valor razonable del derecho de crédito, generándose una plusvalía contable neta por importe de 41,2 millones de euros.
Desde la notificación del laudo y hasta la suspensión de su ejecución, Enagás ha optimizado su caja en Perú manteniendo a la fecha depósitos en entidades financieras peruanas por un importe de 72 millones de dólares, que excede al importe de la carta fianza otorgada a favor de las autoridades peruanas.