Las comercializadoras de electricidad independientes se arman legalmente en su disputa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por los sobrecostes del apagón.
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha encargado a PwC un exhaustivo informe jurídico sobre la posibilidad de trasladar al consumidor los costes extraordinarios derivados del refuerzo con el que opera el sistema eléctrico tras el apagón masivo del pasado 28 de abril, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.
La iniciativa legal de ACIE llega tras la advertencia de la CNMC en junio, cuando prohibió a las comercializadoras trasladar los sobrecostes del apagón a los usuarios, después de que varias firmas comenzaran a comunicar subidas de precios.
El informe, según fuentes consultadas, analiza los márgenes legales disponibles en función de las cláusulas contractuales que rigen las relaciones entre comercializadoras y usuarios. En este sentido, el análisis de PwC concluye que, dependiendo del tipo de contrato, la puerta a una actualización de precios está abierta.
Asimismo, el documento cuestiona la interpretación realizada por la CNMC, al considerar que el regulador se habría"extralimitado" al establecer un criterio de aplicación general en un ámbito que, según la visión legal expuesta, debería analizarse caso por caso.
Tras el cero nacional, el operador del sistema (Red Eléctrica) adoptó un enfoque operativo más prudente, intensificando las medidas de seguridad y elevando el uso de centrales de ciclos combinados para garantizar el control y evitar nuevas emergencias.
Esta estrategia ha provocado un incremento notable en los costes técnicos y operativos respecto a un funcionamiento habitual.
Según datos publicados por Red Eléctrica, el coste medio de las restricciones técnicas en el mercado diario durante mayo fue de 22 euros/MWh, frente a los 9 euros/MWh registrados en mayo de 2024, lo que representa un incremento superior a 13 euros/MWh.
El encargo del informe por parte de ACIE no supone la adopción inmediata de ninguna medida por parte de las empresas asociadas, pero sí busca dotarlas de base jurídica para sostener su posición ante un eventual desacuerdo con el regulador o en procesos de revisión tarifaria.
En la práctica, constituye un paso preventivo para preparar su defensa frente a posibles reclamaciones o procedimientos administrativos.
Cabe recordar que, en su advertencia, la CNMC instaba a los consumidores que detecten modificaciones indebidas en sus contratos a reclamar por dos vías posibles: la judicial, presentando la reclamación ante los Juzgados del lugar de suministro; o la extrajudicial, a través del sistema alternativo de resolución de conflictos que las comercializadoras están obligadas a ofrecer.
Presión de los márgenes
El contexto no es menor: las comercializadoras independientes vienen alertando del estrecho margen operativo con el que trabajan en el mercado.
De hecho, tras la advertencia de la CNMC, las cuatro principales asociaciones de consumidores y comercializadores de energía (ACE, ACIE, AEGE y AELEC) se unieron para lanzar un manifiesto conjunto sobre el incremento de los costes energéticos tras el apagón.
"Si bien comprendemos que en un contexto extraordinario debe primar la seguridad del suministro, esta estrategia implica un coste adicional considerable para los comercializadores, quienes no han contado con la capacidad de previsión necesaria dada la excepcionalidad del escenario", señalaron las asociaciones.
Las cuatro asociaciones reclamaron, como primera medida urgente, que Red Eléctrica publique de manera inmediata el sobrecoste que esta situación de operación reforzada está generando en relación a una situación normal.
Asimismo, solicitaron que el operador les indique durante cuánto tiempo va a estar vigente, "de modo que comercializadores y consumidores dispongan de la visibilidad necesaria para adoptar decisiones informadas basadas en datos públicos".
Según explicó el mes pasado Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, el refuerzo de las restricciones técnicas en la operación del sistema eléctrico se mantendrá hasta que se aprueben y activen algunas recomendaciones clave, en particular el nuevo protocolo antiapagones, conocido como Procedimiento de Operación 7.4.
Este protocolo no estará operativo antes del primer trimestre del próximo año, lo que implica que las comercializadoras y consumidores seguirán enfrentando elevados costes asociados a estos servicios de ajuste hasta entonces, mientras el sistema de control de la red se monitorea y gestiona de forma más segura.