Endesa se suma a Iberdrola en la batalla legal por la subida de la tasa que financia la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares (Tasa Enresa).
La compañía capitaneada por José Bogas ha presentado una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y contra Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), que ascendería a 454 millones de euros, tal y como adelanta El País y confirma este medio.
Endesa sigue así los pasos de Iberdrola, que el pasado febrero interpuso una demanda, en su caso por la vía contencioso-administrativa, en la que reclama 324 millones de euros a Enresa por la misma causa: el aumento del 30% de la Tasa Enresa. De este modo, las reclamaciones de ambas compañías ascienden a 778 millones de euros.
En junio de 2024, el Gobierno revisó el valor de esta tarifa, fijando la unidad en 10,36 euros por megavatio hora (MWh). Sin embargo, el protocolo firmado en 2019 preveía un incremento máximo del 20% respecto a la tarifa vigente en aquel momento, con un límite de 7,98 euros/MWh.
La modificación aprobada este año, por tanto, representa un incremento de 2,38 euros por MWh con respecto a la tarifa anterior, lo que ha desatado las reclamaciones de las principales eléctricas del país.
La interposición de estas demandas trasciende precisamente en un momento en el que las principales compañías energéticas están planteando posponer el cierre de las centrales nucleares españolas, programadas a partir de 2027 tras el acuerdo alcanzado en 2019 entre estas empresas y el Gobierno.
De hecho, Iberdrola y Endesa, principales propietarias del parque nuclear nacional, enviaron recientemente al Ministerio de Transición Ecológica una misiva no vinculante en la que plantean la extensión del funcionamiento de varias instalaciones.
La propuesta mantenía la fecha final de cierre nuclear en 2035, pero contemplaba un aumento en los plazos intermedios previstos.
La prórroga planteada suponía en la práctica una rebaja fiscal de la tasa, al repartirse la recaudación entre más años de producción. Esto se traducirá en una reducción del tipo impositivo del 18%.
No obstante, el Gobierno tumbó la propuesta al considerar que no cumplía los requisitos mínimos para ser tenida en cuenta. "La carta es una declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal".
Esas tres condiciones son: que se garantice la seguridad de las personas, el suministro energético y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.