Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, sigue sin reconocer que tenga alguna responsabilidad en el apagón peninsular del 28 de abril. Así lo ha vuelto a recalcar su presidenta ejecutiva, Beatriz Corredor, en la bronca junta de accionistas celebrada telemáticamente este 30 de junio de 2025.
No se mueve un centímetro y por eso tiene que acusar a las compañías eléctricas de incumplir sus obligaciones para controlar la tensión en sus parques y centrales. Y aunque se ha incluido la petición de su dimisión fuera del Orden del Día por parte de accionistas minoritarios, ha conseguido mantenerse al frente de Redeia otros cuatro años más.
"Hemos vivido un grave incidente que pensábamos que nunca íbamos a llegar a presenciar en España, pero hemos demostrado haber hecho una efectiva y rápida resolución del apagón", ha dicho Corredor, en medio de acusaciones de accionistas minoritarios que pedían su dimisión y la tachaban de "mentirosa y títere del Gobierno".
"Los valores de tensión y de frecuencia estaban dentro de rangos normales, pero a partir de esa hora, se observa una anomalía interna de una planta de generación situada en uno de tres nudos, situados en la provincia de Granada, Sevilla y Badajoz". ha dicho.
"La red de transporte no falló. Ni las subestaciones, ni las líneas, ni la tecnología con la que están equipadas y mucho menos los equipos humanos de los que depende su funcionamiento. La red no fue el problema, sino parte de la solución, como lo demuestra la rápida reposición del suministro", ha justificado por su parte, el CEO, Roberto García Merino.
Algo que Corredor corroboraba, "los informes realizados en Redeia están respaldados con datos de fiabilidad máxima, no especulamos, analizamos y comprobamos".
"Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de controlar las tensiones de sus activos nunca hubiera habido un apagón", ha sentenciado la presidenta.
La presidenta denuncia las "acusaciones infundadas y muy graves que buscan dañar la reputación de la compañía".
Cobardía y falta de transparencia
En el turno de preguntas, llegaban las críticas de los accionistas minoritarios, que pedían la dimisión de la presidenta de Redeia. "Hay una enormte falta de transparencia en toda la gestión del apagón", decían uno, "hoy el consejo de administración ha tenido un acto de cobardía institucional escondiéndose en una junta telemática", decía otro.
Y ante la posibilidad de tener algún seguro para hacer frente a las indeminizaciones por el apagón, Corredor ha asegurado que no se cuestiona ningún posible impacto económico del incidente para el grupo.
"No estimamos ninguna provisión ni cobertura por indemnizaciones", aseguraba por su parte, García Merino.
Aún así, la compañía reconoce un "riesgo reputacional" en su cota "máxima" por el cero energético y Corredor ha pedido la "confianza" de los accionistas.
Ninguna responsabilidad
Respecto a la programación del día anterior de la gestión del sistema eléctrico, Corredor lo ve intachable.
"REE hizo los cálculos oportunos y las decisiones adecuadas, el sistema contaba con los suficientes recursos, pero a la hora de la verdad, esas centrales no prestaron de forma efectiva su función. No hubiera servido de nada para evitar el apagón, añadir un grupo más".
"Las compañías eléctricas han demostrado que no fueron fiables durante el incidente", ha vuelto apuntarlas como culpables.
Un discurso que casi está repetido palabra por palabra del pasado 18 de junio cuando la compañía presentó su informe sobre el apagón.
Corredor también ha destacado que Red Eléctrica fue la única empresa que dio su consentimiento para la difusión de todos los datos disponibles, de entre un total de 67 compañías a las que el comité ministerial del Gobierno pidió autorización para hacer pública la información necesaria para explicar lo sucedido.
"Considero que es nuestro deber defender también el buen hacer de los profesionales de esta compañía ante acusaciones infundadas y en ocasiones muy graves que buscan menoscabar nuestra reputación y minar la confianza en una empresa que brinda un servicio público esencial desde hace 40 años y que es un eje central para el progreso socioeconómico del país", ha zanjado al respecto.
Planificación eléctrica
Corredor también ha recordado que se está elaborando el Plan del Sistema Eléctrico hasta 2030, que va a pivotar sobre la cohesión territorial, el reto demográfico y la descarbonización industrial como principios esenciales.
Será "la principal caja de herramientas para red eléctrica a la hora de seguir impulsando la transición ecológica y crear oportunidades para el tejido productivo en todo el territorio".
Ha señalado que "ejecutarla en tiempo y forma desde el momento de su aprobación será prioritario para Red Eléctrica".
También ha hecho mención a las modificaciones de aspectos puntuales aprobadas el pasado año y también el reciente RD Ley aprobado por el Consejo de Ministros en el marco de las medidas recomendadas para garantizar el suministro eléctrico.
"De hecho va a ser este el foco principal del próximo plan estratégico de la compañía que supondrá la ejecución de un volumen de inversiones sin precedentes".
Corredor espera que las inversiones anticipadas para el desarrollo de redes eléctricas sirvan para realizar un cambio profundo en la planificación, pero para ello serán necesarios más de 470.000 millones de euros en el desarrollo de red de transporte comunitaria hasta 2040.
REE ha triplicado la media histórica de inversión y en 2025 esta inversión ha sido un 70% más alta que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Su objetivo es cerrar este año en 1.400 millones de euros de inversión, "lo que va a permitir superar los 4.200 millones acumulados en el período 2021-2025", añade la presidenta.
Renovación de consejeros
Se ha nombrado también consejera a la economista y experta energética Natalia Fabra, quien ha sido consejera de Enagás y asesora de Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea.
Se ha votado también la incorporación al consejo de la exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en representación de la SEPI, así como de Albert Castellanos Maduell, economista y político afín a ERC, quien ocupó varios cargos en la Generalitat de Cataluña.