Los Certificados de Ahorro Energético, más conocidos como CAE, se extienden como la pólvora en España. Desde que se dio el pistoletazo de salida, en enero de 2023, se han multiplicado por cinco las solicitudes, pero aún queda mucho por hacer.
De hecho, por el momento, el 68% de esas solicitudes corresponden al sector industrial, que ha visto una oportunidad de oro para invertir en mejoras de eficiencia energética, que les supone una retribución por parte de las energéticas. Pero es un win-win, ganan los consumidores (propietarios del ahorro) y ganan los sujetos obligados, es decir, comercializadoras de gas y electricidad y operadores al por mayor de productos petrolíferos y GLP.
Y ahora el Gobierno da un paso más. Se espera que este mismo año lance la Guía para el Sector Público, donde hay mucho recorrido, desde los ayuntamientos hasta edificios públicos, como hospitales o centros deportivos.
En el sector de edificios públicos existe un importante potencial de ahorro de energía, informa en su web el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Pero se reconoce que es difícil de realizar debido a barreras de tipo administrativo o legal.
"Especialmente en municipios, donde hay una dificultad añadida, la falta de formación del personal laboral", explican fuentes cercanas al MITECO. Y es que, por ejemplo, en el presupuesto del sector público, la partida destinada a inversión en tecnologías consumidoras de energía es diferente a la destinada al mantenimiento y suministro energético de estos mismos equipos.
A partir de 2028, los edificios públicos de nueva construcción deberán ser de "energía cero". Y los edificios públicos ya existentes deberán renovarse, mejorando sus sistemas de calefacción, ventilación y aislamiento.
Un objetivo que está recogido en la Directiva de Eficiencia Energética (Directiva UE 2023/1791) y en la Directiva 2024/1275 de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios que dio luz verde.
Subastas de necesidades de ahorro
Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica está preparando las primeras subastas de estos certificados CAE. En febrero pasado, publicó una consulta pública para poner en marcha un mecanismo de subastas de necesidades de ahorro energético con el objetivo de fomentar su uso y avanzar en el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de eficiencia energética.
Estas subastas estarán abiertas exclusivamente a los denominados "sujetos delegados", quienes serán responsables de la implementación de medidas que generen ahorros energéticos certificados mediante CAE.
CAE, Certificado de Ahorro Energético
Un Certificado de Ahorro Energético (CAE) es un documento electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kWh. De esta forma, si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kWh, se podrán obtener 500 CAE.
Este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema de CAE.
El mecanismo de subastas permitirá que los agentes del sector puedan acceder a nuevas oportunidades de inversión, alineando los incentivos económicos con los objetivos nacionales de reducción del consumo energético.
En definitiva, el objetivo para los Estados miembros es alcanzar un ahorro acumulado de energía final en el periodo 2021-2030. En el caso de España, dicho objetivo asciende a 53.593 ktep, lo que supone un ahorro anual promedio de 1.200 ktep, más del doble que en el periodo anterior (2014-2020), donde el promedio anual fue de 559 ktep.
CAE para vulnerables
Otra de las novedades que se prevé que se publicarán a lo largo del año es la creación de los CAE sociales, destinados a las familias vulnerables. Algunas organizaciones como Ecodes, Andimat o Green Building Council España (GBCE) ya lanzaron propuestas para esta figura en meses anteriores.
El objetivo es ofrecer dentro del sistema de Certificados de Ahorro Energético español a las familias más vulnerables una mayor ayuda económica que a los demás hogares a la hora de realizar medidas de eficiencia energética.
En el sistema general de CAE, los hogares reciben una contrapartida financiera cuando llevan a cabo mejoras de eficiencia energética que permiten a los sujetos obligados o delegados certificar los ahorros conseguidos. Tiene mucha lógica si se observan los datos de pobreza energética en España, que según las últimas cifras, se sitúan entre 3,5 y 8,1 millones de personas. Si se mejora la calidad de las viviendas y se reducen las pérdidas de energía, es un pasaporte a mejorar la vida de los hogares y a reducir esos preocupantes ratios.
Francia cuenta con un mecanismo similar en su sistema de CAE desde 2015 llamado CAE precariedad (‘CEE précarité’) en el que España podría inspirarse para la creación de este CAE social.
Sistema sancionador
Por último, el MITECO espera poner en marcha en 2025 las inspecciones técnicas sancionadoras, un instrumento más que necesario para evitar el abuso y la mala praxis.
Las inspecciones de certificados de ahorro energético (CAE) verifican que se han cumplido los requisitos de eficiencia energética y que se han obtenido los ahorros de energía declarados.