La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (Acie) ha instado al Gobierno a adoptar una regulación "adecuada y equilibrada" de las llamadas comerciales por parte de las compañías de luz, pero no por una "prohibición total", puesto que limitaría la competencia en el sector y consolidaría las cuotas de mercado.
En clave nacional, el presidente de Acie, Víctor Hernández, se ha referido a los principales retos del sector, y ha hablado del proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación de energía eléctrica, que busca adaptar el actual marco normativo para dar respuesta a los desafíos y objetivos en política energética.
El texto, que se sometió a consulta pública el año pasado, planteaba prohibir que las comercializadoras eléctricas realicen publicidad o prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa.
Desde Acie insisten en que son los primeros interesados en evitar las prácticas de venta "que pueden denostar el sector de las telecomunicaciones y de la energía", y sostienen que fueron pioneros a la hora de alertar de dichas prácticas, poniendo a disposición de los órganos competentes la creación de una guía de buenas prácticas.
No obstante, ha indicado el presidente de la asociación, su prohibición "no es sino una limitación a la competencia que podría desembocar en una consolidación de cuotas". De ahí que haya apostado por una "regulación adecuada y equilibrada, pero no por una prohibición total"
Acie ha manifestado su disposición a colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y otros agentes para garantizar que el marco regulatorio favorezca a las comercializadoras independientes, proteja a los consumidores y garantice, sobre todo, la sostenibilidad del sector.
También se ha pronunciado al respecto el secretario de Estado de Energía, que ha aludido a información de la que dispone el propio Ministerio. De acuerdo con sus datos, la mayor parte de los consumidores vulnerables cuyos consumos monitorizan no disponen de tarifa eléctrica regulada o PVPC ni cuentan con bono social.
"Y la mayoría es porque, en algún momento, recibieron una llamada que les prometía el oro y el moro, y precios competitivos", ha añadido Groizard, que cree que hay que compatibilizar mecanismos de captación de clientes, un mercado que sea competitivo y oferte diversidad, y que el consumidor entienda que, de un día para otro, puede cambiar "perfectamente" de comercializador.
Groizard lamentó que este hecho no se trata de "una cuestión teórica" y que el objetivo es ser capaces de "compatibilizar mecanismos de captación de clientes", alcanzando un "equilibrio que es delicado".
"De un mercado que sea competitivo, que sea capaz de llegar y de ofertar diversidad y que el consumidor entienda que de un día para otro prácticamente, sin interrupción a su suministro, puede cambiar perfectamente a un comercializador y que hay muchas alternativas con respecto a lo que tenía, a la vez que se protege a los más vulnerables", añadió al respecto.