Así, la normativa sigue encallada en Bruselas. Aunque el real decreto-ley está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la medida estrella del Gobierno para frenar la escalada del precio de la luz necesita una orden ministerial que solo se aprobará una vez se haya recibido el visto bueno de las autoridades europeas.

En el día de ayer, una portavoz dijo a EFE que la Comisión Europea "está comprometida a finalizar rápidamente su evaluación". Porque "su objetivo principal es llegar a decisiones legalmente sólidas, evaluando urgentemente la compatibilidad de las medidas de emergencia temporales en el mercado eléctrico a través de un procedimiento acelerado”, explicó.

Sin embargo, también dijo que Bruselas busca “asegurar, como pidió el Consejo Europeo, que las medidas reducen los precios de mercado de la electricidad para empresas y consumidores, y no afectan a las condiciones comerciales hasta un punto contrario al interés común”.

"No hay que confiarse en que la Comisión Europea sí o sí vaya a dar luz verde a la medida. No sería la primera vez que piden algunos cambios", explican fuentes jurídicas especializadas en derecho comunitario a este diario. 

Pero ¿es posible que Europa haya dado su visto bueno provisional y luego se eche atrás? "Hay que diferenciar entre las líneas generales que pueden incorporarse en una Ley y luego la letra pequeña del reglamento. Ahí puede haber dificultades. De hecho, los diferentes servicios jurídicos que puedan participar en el diagnóstico técnico pueden estar poniendo trabas a su aprobación", añaden las mismas fuentes. 

Según cuenta el diario El País, también hay diferencias formales en los procesos español y portugués. El real decreto-ley de Madrid cuenta con 63 páginas, llenas de detalles, tecnicismos y fórmulas matemáticas que solo los expertos en la materia pueden entender. Lisboa ha preferido hacer una síntesis de solo 7 páginas.

El Ejecutivo comunitario ya dijo hace un mes que todavía quedaban detalles técnicos por pulir antes de poder adoptar una "decisión jurídicamente sólida". 

Esto está provocando que los mercados no den nada por sentado. En el OMIP, donde se negocian los futuros eléctricos de España y Portugal, el mes de junio está disparado rondando los 200 euros/MWh. Julio y el tercer trimestre no bajan de los 188 y 178 euros/MWh respectivamente.

"Si se descontara que la normativa de topar el gas fuera a entrar en vigor en julio, tendría que caer hasta los 130-140 euros/MWh, y si no, tendría que subir hasta los 200 euros, como ocurre con junio. Ni una cosa ni otra está ocurriendo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Néstor Gutiérrez, conseller delegat de la compañía Atlas Energia.

"De hecho, la incertidumbre es enorme, hay muy pocos cierres y está todo bastante abierto", añade el experto en energía.

Toda esta situación coincide con que el Congreso debatirá y votará la validación o derogación del Real Decreto-ley 10/2022 del mecanismo de ajuste temporal del precio de la electricidad. este jueves 9 de junio.

La votación será un mero trámite porque el Gobierno cuenta con el apoyo de sus socios de legislatura. En ellos, Esquerra Republicana (ERC), que según ha confirmado a este diario, está a favor de la medida, lo que facilitará su validación.

La luz en España, más barata

Aunque los precios de los futuros del mercado ibérico estén por encima de lo que supondría 'topar' el gas, no hay duda de que se han desplomado respecto a vecinos como Alemania y Francia, por poner dos ejemplos. 

"Dislocación histórica del mercado eléctrico de la UE con un precio tope del gas en Iberia aún por aprobar formalmente y una generación nuclear francesa históricamente baja en los dos extremos", señala en un tuit EnergyScam, de la energética francesa Engie.

Para dar más juego, este 1 de junio se celebró el 28º Comité Europeo de Partes Interesadas del Mercado (28th Market European Stakeholder Committee), en el que participaron desde representantes de distribuidoras eléctricas (DSO), operadores de sistemas eléctricos (TSO), operadores designados del mercado eléctrico (NEMO) y autoridades reguladoras nacionales (NRA). 

En él, ACER, la patronal de los Reguladores de la Energía, evaluó la situación del mercado mayorista de electricidad de la Unión Europea y volvió a reiterar que la integración del mercado europeo está cumpliendo su objetivo de proporcionar un suministro de energía seguro, seguro y cada vez más descarbonizado. Ha generado 34.000 millones de euros en ahorros en 2021 solo en el lado de la electricidad.

La patronal también alertó de que si se interviene en la formación de precios mayoristas hay un alto riesgo de distorsionar este mercado. Esto reduciría los beneficios que pueden ofrecer los mercados energéticos (ahorro de costes, seguridad del suministro, señales para la conservación de la energía y la descarbonización).

Además, según esta patronal, los Gobiernos deben considerar los efectos negativos de las intervenciones a medio y largo plazo. 

Habrá que anudarse al dedo las opiniones de un lobby tan influyente como ACER y ver cuál es la decisión final (y cuándo llega) de la Comisión Europea respecto al tope ibérico. Toca esperar.