El pasado jueves, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, visitó un parque tecnológico en Vizcaya y denunció la situación que está viviendo la industria ahora que tiene que tirar de la economía como consecuencia del incremento del recibo eléctrico. "Estamos haciendo el canelo con la transición energética", advirtió. Son palabras que hace apenas seis meses hubieran generado un amplio rechazo, pero que en el contexto actual van a marcar muchas de las decisiones que adopte el Congreso en materia energética a través del voto del PNV.

También esta semana el Gobierno se enfrentaba a otro revés. La subasta de renovables organizada por la vicepresidenta cuarta se cerraba con menos inversores que la del pasado enero y a un mayor coste. Aunque hay diversos factores -que ahora explicaremos- que provocaron ese resultado, el plantón de Iberdrola y Endesa al Ejecutivo ponía de manifiesto hasta qué punto se han tensado las relaciones entre las eléctricas y Moncloa en un momento en el que España necesita grandes inversiones.

El colofón venía desde Londres. Mientras su compañía no pujaba en España en la subasta, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se fotografiaba con el primer ministro británico, Boris Johnson, y anunciaba que invertirá 7.100 millones de euros más en renovables el Reino Unido.

Galán, que ha congelado todos sus proyectos en España a la espera de ver si se puede firmar un armisticio con el Gobierno, aprovechaba la imagen para lanzar un mensaje a la coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz: los inversores "necesitan un marco previsible y estable" para apostar por un país.

Esta situación contrasta con la que se vivía en febrero cuando Iberdrola anunciaba que iba a pisar el acelerador de sus inversiones y prometía una movilización de recursos en España de 7.000 millones de euros para proyectos renovables hasta 2025, dentro de un plan más amplio.

Iberdrola no ha sido la única eléctrica en adoptar una decisión de este calibre. También Enel, matriz de Endesa, ha decidido redirigir una parte de su inversión prevista para España hacia Estados Unidos en un claro mensaje al Gobierno español.

PNIEC

Son decisiones que complican los objetivos de descarbonización del PNIEC, que establece que la generación eléctrica aporte una reducción del 43,7% del total de las emisiones entre 2020 y 2030.

Consciente de la necesidad de que empresas e inversores acompañen al Gobierno en la transición ecológica, Ribera estudia cómo rebajar el llamado 'decretazo' que ha puesto en pie de guerra al sector. Se trata de una decisión complicada de tomar en el seno del Gobierno -por la posición beligerante de Unidas Podemos con la factura de la luz-.

Y además, de tomarse, tendría que ser sin el apoyo de la Unión Europea, como se ha puesto de manifiesto en el Consejo Europeo de esta semana en el que Pedro Sánchez no ha logrado arrancar ninguna medida nueva para rebajar la luz. 

La subida sin precedentes de los costes energéticos de los últimos meses, especialmente el gas, empujó al Gobierno a anunciar la convocatoria de una segunda subasta de renovables. El objetivo era que se viera la intención del Gobierno de acelerar la transición energética y dejar de depender, cuánto antes, del gas, el principal culpable de la crisis energética en la que estamos inmersos.

Nueva subasta

Esa nueva subasta, celebrada el pasado 19 de octubre (la primera fue en enero), se lanzó con los plazos tan ajustados para poner en funcionamiento los parques renovables que muchas empresas decidieron no acudir. Entre otras, las dos grandes eléctricas, pero también otras muy conocidas del sector como Acciona (por otras cuestiones de estrategia empresarial), X-Elio o Greenalia.

El fin del Gobierno era bueno, pero la realidad se impuso. Mientras que en la primera se multiplicó por tres los participantes en la puja, en esta apenas superó el 54% de lo que se licitaba, y quedó desierto un 5% del total, la mayoría en el cupo de los proyectos acelerados, 600 MW en liza.

En este segmento, la fecha tope era el 31 de septiembre de 2022, un tiempo tan corto que prácticamente solo podían competir los proyectos en construcción y que, pese a haber conseguido previamente la financiación por otras vías, quisieran asegurarse un precio fijo muy por debajo de los precios del mercado mayorista.

El precio medio de casación en la subasta fue de unos 30 euros/MWh, cuando en el pool hoy por hoy se superan los 200 euros/MWh y los futuros no bajan de los 80 euros/MWh. En el resto de cupos, los plazos fueron junio de 2023 y junio de 2024, para fotovoltaica y eólica respectivamente, y también eran muy ajustados. 

Problemas

La opinión en el sector renovable es unánime: "Esos plazos te obligan a tener muy adelantada la tramitación administrativa y muchas veces aunque creas que lo vas a conseguir, en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental, obligatorias para comenzar a construir, se pueden dilatar más en el tiempo si la Administración correspondiente solicita un nuevo papel".

Una consecuencia es que "se pueden perder los avales, ya millonarios, si no se cumplen los hitos". Pero la más importante es que el PNIEC (Plan de Energía y Clima) y sus ambiciosos objetivos podrían no alcanzarse. Para 2030 tiene que haber una potencia instalada fotovoltaica de 39.000 MW y 50.000 MW de eólica. Actualmente hay 13.000 MW y 28.000 MW de cada una de las tecnologías.

Si los promotores no ven clara la inversión o las condiciones para desarrollar parques renovables, la transición energética podría dilatarse en el tiempo, pese a los buenos propósitos de todos los participantes en esta subasta. El calendario del Gobierno hacia la economía verde es hoy mucho menos claro de lo que lo era antes de verano.