La decisión del Gobierno de aprobar una ley para acabar con la sobrerretribución de las centrales eléctricas ya amortizadas, conocida como "beneficios caídos del cielo" o 'windfall profit', podría rebajar hasta en un 5% la factura de la luz. Una factura que este año va camino de convertirse en la más alta de la historia.

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Primero fue en enero, con la borrasca Filomena y la ola de frío posterior, cuando la factura de la luz se disparó un 18,4%. Y aunque bajó en febrero, la escalada ha sido constante hasta convertir abril y mayo en los más caros de los últimos 14 años. El precio del gas y el del CO2 tiene mucho que ver pero también cómo está diseñado el mercado mayorista de la luz. 

Pero ¿es posible una reforma del mercado eléctrico que elimine esas 'sobrerretribuciones' de determinadas tecnologías? ¿otro impuesto más, un 'windfall tax'? "Los impuestos suelen tener un tipo fijo, mientras que la cuantía habría que extraer es variable. Hay otros mecanismos mejores", explican fuentes académicas especializadas en el sector eléctrico. 

"Debería de aplicarse a todas las centrales eléctricas construidas antes de 1997", y en lo que se refiere a aplicar una tasa para evitar trasladar el precio del CO2 a la factura de la luz, "todas las anteriores al 2005".

"Son las fechas de los cambios regulatorios que generaron el "windfall gain" (o lo que es lo mismo, los que generan el "windfall loss" para los consumidores)".

"Si a los 80 euros que está marcando ahora el mercado se les resta los 20 euros provocado por el CO2, ni nucleares ni hidroeléctricas tendrían que tener problema para cubrir sus costes variables", concluyen.

Retribución por diferencias

"Se puede hacer algunos cambios normativos al estilo francés", explicaba a este diario el experto Javier Colónde la consultora especializada Neuro Energía, hace unos días. "La eléctrica EDF, que concentra la generación nuclear del país, tiene un sistema de venta de su electricidad diferente al del mercado mayorista". 

"Entiendo que es posible que tecnologías como la hidroeléctrica o la nuclear puedan considerarse como energía de base y pasar a un sistema de retribución de contrato por diferencias, por ejemplo", añade. 

"El problema surge de la implementación de la normativa comunitaria cuando se reformó el mercado eléctrico", explicaba por su parte Piet Holtrop, abogado internacional y socio de Holtrop SLP Transaction & Business Law.

"En 2010 la Unión Europea ya advirtió a España claramente en un documento oficial que la causa de los desequilibrios en los precios eléctricos eran los windfall profits, y lo volvió a reiterar en 2011", añade. 

En su opinión, "son activos que se construyeron en su día con fondos públicos, y ahora están sobrecompensados. Lo lógico es que, si se reforma el mercado, sean más un servicio que no participe en el mercado y que reciban una retribución al margen". Además, concluye "jurídicamente es perfectamente posible". 

¿Activos amortizados?

Según fuentes de las eléctricas, "medidas de este tipo suponen una intervención en el mercado que pone en riesgo el futuro del PNIEC (Plan Nacional de Energía), y, aunque una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, ni las nucleares ni las hidráulicas están amortizadas, precisan de cuantiosas inversiones anuales que hay que seguir amortizando".

Y es que a los beneficios extra que reciben el agua y la nuclear gracias al sistema marginalista, se suma el alto precio de los derechos de CO2 (superando records cada mes, hasta rozar los 53 euros/TnCO2).

"Los estados de la EU crean el mercado de CO2 para penalizar el daño ambiental de la energía fósil y hacer más competitiva a la energía renovable", señalan.

"La electricidad tiene que comprar derechos por todas las emisiones que produce, a diferencia del gas para calefacción, que no paga nada por sus emisiones ni la gasolina para transporte ".

Este incremento del precio de CO2 redunda en un gran beneficio para el país. Según fuentes de las eléctricas, "en base a las subastas de emisiones de CO2, correspondientes a 50 Mt a subastar y tomando como referencia los precios de CO2 que marcan los futuros, España recaudará entre 2.100 y 2.300 millones de euros en impuestos".

Esta cantidad es más de 1.100 millones superior a lo que venía recaudando en años anteriores, que ha estado en el entorno de los 1.000 millones. 

Así que la propuesta, en vez de un nuevo impuesto, sería reducir el impacto en precios de electricidad derivado del incremento del precio del CO2 aportando la sobrerrecaudación al sector eléctrico.

"Si aportase 1.000 millones de euros, la parte regulada del recibo de electricidad se reduciría un 7,5%, que en la factura final de consumidor supondría una reducción de precios del 4%", añaden.

Windfall y FNSEE

Este anteproyecto iría al Consejo de Ministros en paralelo a la remisión al Congreso, previsiblemente el próximo martes, del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE), ya como proyecto de ley.

El FNSEE prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas a las renovables más antiguas (7.000 millones de euros) y cargarla al conjunto de comercializadoras de energía, incluyendo a petroleras y gasistas.