Nadia Calviño será la encargada de tramitar la autorización de la opa del fondo IFM sobre Naturgy por el 22,6% de la energética. La vicepresidenta segunda será, por tanto, quien sustituya a la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien se inhibió del expediente por un posible conflicto de intereses

La elección de Calviño ha sido una decisión del presidente, Pedro Sánchez, y se ha comunicado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que se ha publicado este sábado. En él, se se refleja que será ella quien "tramite el procedimiento y, en su caso, la propuesta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se autorice la inversión extranjera de IFM Investors en la sociedad española Naturgy".

De este modo se despeja una de las grandes incógnitas de la operación, después de que el fondo IFM presentara hace diez días ante la dirección general de Comercio la solicitud de autorización para invertir en Naturgy. Tal y como contó Invertia, ese era el pistoletazo de salida para que el Ejecutivo pudiera proceder a analizar la operación y decidir si concede el permiso, lo deniega o impone condiciones. 

Los motivos de Maroto

Ese mismo día Reyes Maroto enviaba una carta a Pedro Sánchez comunicando su decisión de inhibirse por un conflicto de intereses. ¿El motivo? Su marido es trabajador de Naturgy y, aunque no ocupa puestos de responsabilidad en relación con la opa, podría ocasionar algún problema al Ejecutivo. 

Ahora será Calviño quien tenga que tomar la decisión tras escuchar a los técnicos del Gobierno. En estos momentos se valoran todos los pros y los contras de permitir que IFM se haga con el 22,6% de la energética. Existe bastante preocupación por lo que puede suponer dejar a la mayor compañía gasista de España en manos de fondos extranjeros. 

La división en el Gobierno por este asunto es máxima. Hay un sector que es partidario de permitir la opa por las consecuencias que podría tener de cara a futuros inversores. Por el otro, hay miembros (con Iglesias a la cabeza) que son partidarios de rechazar su entrada para evitar la llegada de un extranjero a una de las empresas estratégicas en España. 

Además, existe el temor a que si se autoriza esta opa, pueda servir como pistoletazo de salida para inversiones extranjeras en otras grandes del Ibex que, en estos momentos, cotizan por debajo de sus niveles habituales. 

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