La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha pedido al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una prórroga de dos meses sobre el plazo de aplicación de la nueva estructura de peajes y cargos, prevista para el próximo 1 de abril. La asociación, formada por empresas como Acciona, Repsol, Engie, Total o Enérgya-VM, entre otros, también piden un "mayor respaldo económico" para paliar los efectos de la Covid-19 y el impacto de la nueva regulación energética.
En un comunicado, la asociación, que representa a las compañías que comercializan el 21,5% de la electricidad y el 31% del gas natural del país, cree necesario contar con un plazo "suficiente" para explicar e informar a los clientes de los cambios a múltiples periodos de consumo y potencia de forma adecuada.
Asimismo, aboga por permitir a los clientes realizar más de un cambio de potencia al año, "siempre de forma coherente con los objetivos de un consumo energético más inteligente". Por otro lado, defiende una revisión sobre la reducción de los clientes con derecho a tarifa regulada en electricidad y gas "acorde con la vigente directiva del mercado interior, así como de una mejora en la regulación del fraude eléctrico".
Por otra parte, ACIE solicita una línea de créditos y avales específica para la comercialización energética para hacer frente al impacto del Covid-19 y de la nueva regulación energética. También demanda la obligación de mantener el suministro a clientes durante 2020 y durante la prórroga del estado de alarma en este año.
En este sentido, considera que se ha impuesto a los comercializadores el papel de recaudadores y garantes económicos del sistema gasista, "sin facilitar las herramientas regulatorias que les protejan frente a impagos, ni mecanismos financieros que amortigüen las necesidades de tesorería y avales".
Imprevisibilidad
ACIE también advierte de "la imprevisibilidad" por el mecanismo de liquidación de las subastas renovables, que obligará a internalizar este riesgo en el suministro incrementando reclamaciones, o del Fondo de Sostenibilidad Energética (FNSSE), que prevé aprobar el Gobierno y que sitúa a los comercializadores de electricidad y gas como sujetos obligados al pago de un elevado precio por la expansión de las renovables.
Igualmente, las comercializadoras piden la promoción de nuevas líneas de negocio en el mercado eléctrico y gasista e integrarse como actividades en el mercado libre, "dando respuesta así a las electrolineras y las gasineras, decisivas para la implantación generalizada del coche eléctrico y los vehículos propulsados por gas, al autoconsumo y la gestión de la demanda".
Finalmente, la asociación solicitará que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluya ayudas para modernizar los sistemas informáticos y así integrar los datos de consumo de los clientes en tiempo real.